El Colegio Oficial de Administradores y Fincas detecta que Castellón ya detecta un incremento de la morosidad en las cuotas de comunidades de propietarios debido a los efectos económicos de la pandemia. El principal representante de este colectivo en la provincia, Joaquín Rambla, indicó que en el 2020 el incremento de los impagos «es del 3%, aunque la tendencia es al alza, por lo que tememos que la situación vaya a más en los primeros meses del 2021».
Los principales deudores son aquellos que llevan más tiempo en el paro, o que han tenido una merma significativa en sus ingresos habituales. Personas que cumplieron en los primeros momentos de la crisis pero que en estos momentos ya no pueden hacer frente. De ahí el temor de que haya comunidades con «dificultades para cuadrar los presupuestos», apuntó Rambla, especialmente «aquellas fincas con pocos vecinos, mientras que en las de mayor tamaño todavía se puede asumir».
A ello hay que sumar un porcentaje más o menos estable de «profesionales de la demora», incidió, que ya existían antes de la llegada del coronavirus, pero que podrían aprovecharse de este panorama para no cumplir adecuadamente con sus obligaciones.
Recortes
Los últimos tiempos han contado con un considerable incremento de las inversiones en las zonas comunes de viviendas, debido a factores como la adaptación de los espacios a la normativa de accesibilidad. También se han dado otras actuaciones extraordinarias, como el gasto en la resintonización por el cambio de ubicación de los canales de la TDT. Joaquín Rambla añadió que otras obras fueron «las reparaciones de edificios de costa afectados por los temporales; en este caso se han mantenido» sin problemas reseñables para pagar las derramas.
Un panorama que pinta distinto en el nuevo año. La incertidumbre que causa la evolución de la pandemia en la economía, ha supuesto que muchas de las comunidades hayan planteado aplazar actuaciones previstas, a la espera de tiempos mejores. Además, para evitar impagos de servicios básicos, las comunidades tienen por norma destinar un fondo de reserva del 10% en cada presupuesto, para evitar que la morosidad trastoque la prestación de servicios básicos como la limpieza.
