La liberalización de la AP-7 ha generado nuevas necesidades para esta carretera, derivadas de un sustancial incremento en el número de vehículos que circulan. Entre ellas está crear nuevos accesos para facilitar la entrada al vial desde más poblaciones, una actuación que depende de dos estudios de tráfico encargados por el Ministerio de Transportes. Sin embargo, más de un año después de que se decretara su gratuidad, todavía no se han dado a conocer las conclusiones de dichos informes.
Fue en el ya lejano mes de septiembre del 2019 cuando se anunció la licitación de los contratos para redactar ambos estudios, que analizarían de qué manera se ha distribuido el tráfico con la liberalización y qué mejoras son necesarias para gestionarlo.
Uno de ellos fue adjudicado en marzo del 2020 y todavía no se han hecho públicos sus resultados, pese a tener un plazo de ejecución de seis meses, el mismo que el segundo, licitado a principios de junio del año pasado.
La trascendencia de estos informes no se limita a la autopista, ya que de sus resultados también dependerá si continúa o si se descarta de forma definitiva la ampliación de la CV-10 hasta Cataluña.
Volviendo a la AP-7, en el 2018 la entonces llamada Conselleria de Infraestructuras, liderada por María José Salvador, presentó un informe de movilidad en el que estimaba que serían necesarios diez nuevos accesos a la carretera en la Comunitat para asumir el aumento de tráfico a partir del 2020, tres de ellos en la provincia, en Vinaròs, Benicàssim y Vila-real.
Entonces incluso se anunció la creación de una comisón bilateral entre la Generalitat y el Gobierno para estudiar la viabilidad de dicha actuación. La intención del Ejecutivo autonómico, además, es que la financiación de las obras corra a cargo del central.
Sin embargo, la idea de la comisión pasó rápidamente a un segundo plano para supeditar dicho proyecto a las conclusiones de los estudios de tráfico, como ya explicó en su momento el sucesor de Salvador en el departamento autonómico, Arcadi España.
El informe de la Conselleria contemplaba cinco actuaciones en la provincia, entre mejoras de accesos ya existentes y la creación de los nuevos accesos, que tendrían un coste de unos 70 millones de euros. Una de ellas, la mejora de la N-238 en su conexión con la AP-7, ya ha sido licitada.
