La Diputación de Castellón dio ayer luz verde en la sesión plenaria ordinaria del mes de enero, celebrada por vía telemática, a las bases del plan provincial de obras y servicios, conocido como Plan 135, con un cambio en la regulación para dotar de mayor autonomía a los consistorios en el uso de los fondos otorgados, al suprimir a todas las localidades los límites de gasto establecidos para inversiones y funcionamiento, ya que hasta la fecha solo se beneficiaban de ello las más pobladas.
La estrategia contará con una dotación de 12,4 millones de euros, cantidad que se mantiene invariable respecto al ejercicio previo, sobre lo que desde el Partido Popular, Vicent Sales afeó al equipo de gobierno que «podríamos estar hablando de un plan más ambicioso pero al final tenemos lo mismo que el año anterior sin pandemia», aunque el diputado socialista Ximo Huguet respondió al respecto que «se complementa con otras inversiones como la de la estrategia Reconstruim Castelló, que se aprobará previsiblemente en el próximo pleno».
Mientras, la línea de subvenciones incluirá también la posibilidad de utilizar los remanentes que resulten de las licitaciones por parte de los ayuntamientos para otras actuaciones dentro del plan, así como el avance de hasta el 75% de los fondos en determinados casos o la discriminación positiva para las localidades menos pobladas.
Contra la despoblación
En esta línea, Domingo Vicent, desde Ciudadanos, apuntó la importancia de esta vía de financiación para los municipios más pequeños e instó a activar una mesa contra la despoblación.
Más allá de las mejoras introducidas, el portavoz de Compromís, Ignasi García, puso sobre la mesa la «necesidad de incluir de manera transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio el próximo año», recurriendo para ello de nuevo a las medidas de discriminación positiva.
De este modo, el Plan 135 salió adelante con las mencionadas condiciones y con el apoyo unánime de la corporación provincial integrada por PSPV, Compromís, Partido Popular y Ciudadanos.
Un consenso que se repitió de nuevo para instar al Gobierno central a impulsar un pacto de estado por la industria, así como para reclamar ayudas por la borrasca Filomena o medidas para paliar la subida de la tarifa de la luz. Sin embargo, la sesión estuvo marcada por la confrontación entre el equipo de gobierno y la oposición por asuntos de índole sanitaria, que manifestaron las diferencias en la gestión de la pandemia.
La gestión sanitaria provoca una bronca con la oposición
La gestión sanitaria, pese a carecer la Diputación de Castellón de competencias en la materia, copó gran parte del debate del pleno celebrado ayer y enfrentó al equipo de gobierno, de PSPV y Compromís, y la oposición, con PP y Ciudadanos, a raíz de tres mociones sobre la implantación de la enfermería escolar en los centros educativos, la dotación de más recursos a la Atención Primaria y la mejora del plan de vacunación.
En el cruce de acusaciones, los miembros del ejecutivo provincial defendieron la necesidad de destinar todos los medios ahora a afrontar la pandemia, mientras que los otros partidos criticaron la gestión actual de la crisis del covid.
De hecho, al concluir la sesión, el presidente provincial, José Martí, llamó a la «reflexión» sobre las mociones que se presentan ante el clima de tensión.
