La junta de jueces de Castellón, en su acuerdo de junio, en el que solicitó el amparo al poder judicial por presuntas injerencias del fiscal jefe, José Luis Cuesta, acordó solicitar información sobre las condiciones y forma de acceso por parte de la Fiscalía al Cicerone, el programa de gestión procesal que se emplea en la Justicia de la Comunitat.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó pedir un informe al personal del propio consejo. Dicho informe, fechado en agosto, concluye que la Administración debe garantizar que el acceso al expediente judicial electrónico en ese sistema por las partes procesales se circunscribe a los supuestos previstos por la ley y la autoridad judicial.

El Consejo General del Poder Judicial tuvo conocimiento de la comunicación con la dirección general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat. Con fecha 13 de agosto se registra la entrada en el CGPJ de la comunicación de esta dirección general relativa al acceso por parte de miembros del Ministerio Fiscal al expediente electrónico a través del Cicerone, texto fechado el 7 de agosto.

El poder judicial acordó dar traslado del acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ del 19 de agosto, a la dirección general de Modernización e instarla a que se implementen las medidas necesarias al objeto de dar cumplimiento a las conclusiones contenidas en el informe.

Desde la Conselleria de Justicia, de quien depende esta dirección general, señalaron que «desde que se tuvo conocimiento de esta cuestión se han puesto todas las medidas para investigarlo».

«ERROR» / Dichas fuentes aseguran que «en cuanto se detectó el error de acceso de un usuario no autorizado a Cicerone se dio de baja». Tras las comprobaciones oportunas, reiteran, «se detectó un error en la configuración del perfil de consultas de Cicerone en ese partido judicial y se hizo revisión del mismo en toda la Comunitat».

Asimismo, el 15 de octubre, desde la dirección general de Modernización se envió la respuesta a la comunicación del 11 de septiembre del CGPJ explicando los motivos de este error subsanado. Además, se les informa de que la dirección general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones continúa con el desarrollo del acceso por parte del Ministerio Fiscal a través del visor de Horus para la visualización (solo en modo consulta) de los expedientes que se tramitan en Cicerone. Este acceso finalizó en diciembre de 2020 y se circunscribe a los supuestos permitidos por las leyes procesales y autorizados por la autoridad judicial. En este 2021 se trabaja en su implantación y acceso, según la Conselleria.

De las versiones de Conselleria y el CGPJ podría desprenderse que se habría producido un acceso no autorizado al expediente electrónico, a través del Cicerone, programa que comparten fiscales, jueces, entre otros y que guardaría relación con la queja por supuestas injerencias.

Sin embargo, el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, dijo desconocer en qué sentido iban las injerencias que comunicaban los jueces de instrucción. «El acta no es pública», dijo remitiéndose a los acuerdos del CGPJ. «Los jueces no me han pedido amparo a mí, si no al Consejo. No puedo valorarla porque no tengo elementos, quien los tiene es el fiscal jefe y sus protagonistas. No creo que mi función sea mediar, sería una intromisión», señaló.

Entre las injerencias y quejas sobre las actuaciones del fiscal jefe los jueces mencionaban varios asuntos. Uno de ellos es relativo a unas diligencias policiales en relación con unas presuntas agresiones sexuales en el centro de discapacitados psíquicos de Albocàsser. La Conselleria de Igualdad señaló que la persona en cuestión fue trasladada en mayo en cumplimiento de las medidas cautelares.

Sobre las presuntas injerencias, la Fiscalía Superior de la Comunitat abrió un expediente que elevó a inspección de la Fiscalía General del Estado, quien lo archivó el 29 de diciembre.

Por su parte, ni la jueza decana, Sofía Díaz, ni los jueces de instrucción consultados quisieron hacer declaraciones. El fiscal jefe a su vez mantiene su silencio.