El hasta ayer fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha dimitido del cargo que ostentaba desde el año 2012 tras conocerse que se vacunó irregularmente contra el coronavirus el pasado día 11, como ha ocurrido ya con otros cargos políticos, militares o eclesiásticos.
Cuesta, de corte independiente y muy respetado en el mundo judicial y policial --aunque debilitado en los últimos meses por algunos desencuentros con los jueces--, no estaba en las listas autorizadas por la Conselleria de Sanidad. Sin embargo, recibió una dosis de Pfeizer y el departamento que dirige Ana Barceló ha iniciado ahora una investigación para llegar al fondo de la cuestión. Este periódico ha podido saber que la mujer del ya exfiscal jefe es coordinadora de enfermería en el centro de salud 9 d’Octubre de la capital.
Aunque la Conselleria insiste en la presunción de inocencia, la Fiscalía General del Estado emitió ayer un comunicado, «tras constatar el incumplimiento por parte de Cuesta de lo dispuesto en la estrategia de vacunación covid-19 en España». La Fiscal General, Dolores Delgado, informó de la aceptación de la renuncia del exfiscal jefe de Castellón, quien alegó para ello «motivos personales».
Mediterráneo intentó, una vez más, ponerse en contacto con el hasta ahora máximo representante del Ministerio Fiscal en la provincia para preguntarle por este caso, pero no obtuvo respuesta.
SORPRESA EN LA FISCALÍA
El escándalo sanitario y su posterior dimisión sorprendió también en la propia Fiscalía Provincial de Castellón, a donde Cuesta no acudió ayer a trabajar presencialmente. La noticia no había sido comunicada previamente al resto de los fiscales y muchos de ellos se enteraron de la renuncia por los medios de comunicación.
Desde la Fiscalía General del Estado rehusaron dar ayer más información acerca del proceso que se abre con la dimisión de Cuesta. Sin embargo, parece obvio que deberán convocar nuevas elecciones para elegir a su sucesor. De manera provisional, el fiscal jefe en funciones podría ser el ahora teniente fiscal Javier Carceller, quien ya fue fiscal jefe entre 2007 y 2012. Tampoco es descartable que quiera volver a presentarse al puesto tras los últimos acontecimientos.
ÚNICO CANDIDATO
Cuesta, que de no haber dimitido se hubiera mantenido en el cargo hasta 2023, fue el único candidato en los últimos comicios del 2018. Fue elegido por unanimidad. Una situación muy distinta a la vivida en las anteriores elecciones, cuando hasta cinco fiscales de la provincia concurrieron a la convocatoria. Estos fueron el propio Cuesta, que salió elegido en una ajustada votación; Javier Carceller --quien se presentaba entonces a la reelección--, Francisco Sanahuja, María Díaz y también Juan Salom. En el 2007 fue Cuesta quien perdió en una ajustada votación contra Carceller y ambos han tenido diferencias a lo largo de los años.
La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), Cristina Morera (PSPV), también comunicó ayer su dimisión después de hacerse pública su vacunación --pese a no formar parte de los grupos prioritarios-- por no «desperdiciar» una dosis. Otro caso sonado es el del ya exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, o el del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, vacunado en una residencia de sacerdotes donde no vive.
Otro ‘lío’ con los jueces de instrucción
La dimisión de José Luis Cuesta como fiscal jefe de Castellón por su presunta vacunación contra el coronavirus sin autorización oficial es la última polémica --y más grave-- en la que se ve envuelto, pero no la única. Cabe recordar, como viene informando este periódico, que la institución a la que representaba mantenía importantes desavenencias con algunos jueces desde hacía meses. Y es que la junta de jueces de instrucción de Castellón había presentado meses atrás un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por presuntas «injerencias» cometidas por el exfiscal jefe.
En el documento, que continúa sin respuesta por parte del CGPJ seis meses después, los jueces muestran su «preocupación» por determinadas actuaciones de la Fiscalía de Castellón y, en concreto, de Cuesta. A este último lo acusan de «trato inadecuado» y refieren «conversaciones finalizadas con gritos, faltas de respeto e incluso amenazas de aperturas de expedientes».
El acta de la junta de jueces de instrucción recoge, por ejemplo, que, tras discrepancias con un juez de Castelló, Cuesta dirigió a la Fiscalía de Valencia un escrito en el que acusaba al magistrado de «la perpetración expresa de dos delitos de calumnias y de prevaricación» --caso archivado por unanimidad de la Junta de Fiscales de la Comunitat Valenciana--.
Además, los jueces acusan al ya exfiscal jefe de «un intento de fiscalización y control de actuaciones judiciales» y consideran que los hechos «ostentan gravedad suficiente como para, dadas las circunstancias, ponerlo en conocimiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y del mismo modo, solicitar amparo del Consejo General del Poder Judicial».
Tras estos hechos en junio del 2020, los fiscales cerraron filas entorno a Cuesta en la junta ordinaria que se celebró un mes después. El exfiscal jefe, además de abordar numerosas cuestiones relativas a los plazos procesales y funciones de la Fiscalía, negó injerencia alguna y lamentó el ataque institucional que, a su juicio, suponían las afirmaciones de los jueces, incidiendo en su «falta de autocrítica».
La Fiscalía mostró su malestar también con las graves acusaciones de los jueces que apuntaban a que los representantes del Ministerio Público de Castellón accedían al Cicerone --programa de gestión procesal que se emplea en la Comunitat-- y podían modificar borradores.
