La Diputación estudia recurrir la sentencia de la sección quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que condena a la administración provincial a pagar a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) la cantidad de 531.000 euros, en concepto de una factura derivada de su aportación como copatrocinador en el evento Masters-Castellón Costa de Azahar del 2011, que se organizó en tiempos en los que gobernaba el Partido Popular en la Diputación con Carlos Fabra como presidente. Esta institución venía copatrocinando este torneo desde el 2008 junto con la Generalitat. En concreto, la entidad provincial pagó a Match Golf Consulting un total de 1.433.000 euros a través de cuatro contratos de patrocinio: en el 2008, 348.000 euros; en el 2009, 352.872; en el 2010, 361.827; y en el 2011, 364.722. Al convenio de colaboración con la SPTCV se le añadió una addenda, en el 2012, por la que ambas instituciones se comprometían a pagar, además de la cantidad fijada en el convenio inicial, una aportación extra de 3.540.0000 euros para compensar la falta de patrocinadores privados en dicho evento.
REACCIONES
Ante esta sentencia, el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Santi Pérez, avanzó que el equipo de gobierno «está estudiando todas las vías legales de recurso». Para Pérez, estamos ante un «un ejemplo más, de muchos, de la nefasta gestión del Partido Popular». «Algunos de los diputados que ahora se atreven a darnos lecciones de buen gobierno, formaban parte del equipo que firmó un convenio que luego no tramitaron, ni consignaron en el presupuesto, ni pagaron». «Esta es la herencia que nos ha dejado el Partido Popular. En medio de una pandemia, con más de medio millón de euros se podría ayudar a muchas familias, a muchas empresas. Es dinero perdido para toda la provincia», concluyó. Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ignasi Garcia, señaló que este es «uno más entre todos los gastos que la sociedad castellonense hemos heredado del PP». «Resulta sorprendente que digan que casos como este son del pasado, cuando la Diputación tiene pendientes de cobro 200.000 euros de la extinta Canal 9 por patrocinios». «Las sentencias judiciales son la constatación del mal que ha hecho la derecha al País Valenciano», dijo.
QUÉ DICE EL TRIBUNAL
La sentencia afirma que, aunque la gestión sea del 2012, es la actual Diputación la que debe pagar ahora este dinero pues se trata del «cumplimiento de un convenio (…). En dichos convenios se ha pactado, de forma clara e inequívoca, que han de transferir unas determinadas cantidades, en unos plazos concretos. En este supuesto la obligación ha sido satisfecha durante las primeras anualidades incumpliéndose el convenio en relación con la última anualidad reclamada , aduciéndose como motivo del incumplimiento, falta de consignación presupuestaria».
