La Diputación de Castellón y la Generalitat valenciana colaboran para dar respuesta a los problemas existentes en el entorno rural, entre los que está la escasez de viviendas de alquiler residencial.

En este sentido, se han entablado contactos entre la institución provincial, la directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (Avant), Jeannette Segarra; y el director general de Urbanismo de la Conselleria de Políticas Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Vicente García Nebot, que desembocarán próximamente en la firma de un convenio para elaboración de un estudio técnico a modo de auditoria.

El informe identificará la situación en la que se encuentra cada municipio y los inmuebles susceptibles de ser recuperados para uso residencial con los que cuentan. El objetivo que se persigue es «conseguir un parque de viviendas, principalmente de alquiler, que haga más atractiva la idea de residir en el interior de la provincia».

Así lo anuncia el presidente de la Diputación, José Martí, quien señala que «si queremos fijar población, tenemos que resolver previamente el problema de la escasez de vivienda». En similares términos se pronuncia el diputado provincial de Acción contra la Despoblación, Santi Pérez, quien tiene puestas muchas esperanzas en este estudio porque «una vez finalizado y extraídas las conclusiones pertinentes, podremos implementar medidas que ayuden a resolver el déficit de casas que padece el interior de Castellón».

Al respecto, manifiesta que «en los pueblos hay muchas viviendas antiguas en desuso que no cumplen los cánones de confort propios del siglo XXI, que hemos de ser capaces de recuperar».

«La reforma de inmuebles puede ser, además, una vía de generación de actividad económica en los pueblos que hay que tener muy en cuenta», añade.

Martí apunta que «aunque en estos meses ha sido imprescindible centrarnos en cómo combatir la pandemia y los efectos de la crisis que acarrea, en las administraciones seguimos dando pasos en materia de reto demográfico».

Esta iniciativa concreta se enmarca en el objetivo global de lucha contra el intenso proceso de despoblamiento que se está produciendo en el interior de la provincia de Castellón. Combatir esta lacra, que se ceba en los pequeños municipios de montaña, es uno de los fines estratégicos de las administraciones tanto autonómica como provincial.