Uno de cada cinco bienes inmatriculados (registrados por primera vez) por la Iglesia entre 1998 y 2015 en la provincia de Castellón no tiene un uso religioso. En total son 212 las propiedades en la provincia de Castellón que las autoridades eclesiásticas registraron durante los años en que estuvo en vigor la reforma de la ley hipotecaria de José María Aznar a través de una certificación y no solo con un título formal y que constan en el informe que la vicepresidenta Carmen Calvo presentó el martes al Consejo de Ministros.
La mayoría de los bienes son ermitas e Iglesias, como se puede apreciar en el listado que aparece bajo estas líneas, que incluye también templos representativos, como la Arciprestal de Morella, la Catedral de Segorbe o la Iglesia de la Sagrada Familia en Castelló. También se incluyen casas abadía, cementerios o calvarios. Sin embargo, hay una parte que son casas, locales, solares rústicos o urbanos o edificios.
El obispado de Segorbe Castelló defendió este miércoles, parafraseando a la Conferencia Episcopal que la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Por eso si alguien viniese con mejor derecho y pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la iglesia está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide».
Al respecto recordaron que sus inmatriculaciones están accesibles en el portal de transparencia de la diócesis de Segorbe Castellón. Así, este recoge 141 inscripciones, de las cuales 60 son templos, 13 abadías, 40 capillas, 20 parcelas y ocho de otro tipo.
También defendieron que estas propiedades «están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana: en la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y muchos de ellos tienen un extraordinario valor histórico, artístico y cultural que también desde los pequeños pueblos están al servicio de la sociedad para poder visitar, realizar actividades que pongan en valor esta capacidad cultural y artística que nuestros bienes tienen».
El obispado de Tortosa, de quien depende el norte de la provincia, realizó más de un centenar de inmatriculaciones a caballo entre las provincias de Tarragona y Castellón. Desde esta institución han indicado este jueves que se ha hecho todo conforme a la ley, no tenemos nada más que decir. No obstante, matizaron, si hay algún error, alguna equivocación o alguien que no está de acuerdo, la misma ley tiene sus caminos para presentar y ver lo que hay. Así, se pronunció en la línea de lo expuesto por la demarcación tarraconense, de quien depende, que salió este verano al paso de la polémica defendiendo que siempre ha seguido el proceso legal vigente, sin buscar privilegios, y que nunca ha actuado de forma arbitraria y han documentado todo lo que les constaba como propio y, en caso de posibles errores, están abiertas al diálogo con los interesados, así como defendió que los bienes inmatriculados han estado y están a disposición de los fieles.
LA POLÉMICA CON EL CAMPANARIO DE BENICARLÓ
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Benicarló tiene un litigio con la diócesis de Tortosa a propósito del campanario, ya que el rector de San Bartolomé, inmatriculó el templo y el campanario a nombre de la diócesis. El litigio se celebrará el 24 de febrero. Informa María José Sánchez. Respecto a este tema, desde el obispado de Tortosa señalaron que no tienen qué decir, y remitieron al juez.
REACCIONES POLÍTICAS
Respecto a las reacciones políticas, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, aseguró que desde el Consell «trabajaremos para que los bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica retornen a la ciudadanía valenciana». A partir de ahora - explicó Garijo- vamos a averiguar qué bienes, de los expoliados en nuestro territorio, son de titularidad pública para poder realizar todas las acciones posibles que permitan recuperarlos para las arcas públicas que es donde siempre debieron estar».
Por su parte, el senador por Castelló de Compromís, Carles Mulet, aseguró que el listado llega «tarde y mal» ya que, según dijo, en lugar de iniciar los procedimientos para reclamar la titularidad del dominio cuando proceda, como solicitaba el Congreso, se limita a dar carpetazo al asunto con este catálogo, dificultando aún más a los particulares y administraciones públicas en conflicto con la iglesia poder recuperar la titularidad usurpada.
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Desde el colegio de registradores de la propiedad recordó que con la reforma del 2015, se elimina el procedimiento especial que permitía a la Iglesia inmatricular mediante una certificación cuando careciera del título, lo que no impide que pueda seguir registrando propiedades, pero con los mismos medios que cualquier persona física o jurídica privada. Solo un juez puede declarar nulas las inscripciones registrales.
