El debate suscitado a raíz de la publicación por parte del Gobierno del listado de propiedades inmatriculadas por la Iglesia en la provincia entre los años 1998 y 2015 genera posturas diferenciadas entre los ayuntamientos de Castellón.

Hay algunos, como el de la Vall d’Uixó, que se muestran más contundentes ante un posible expolio y afirman que comprobarán si ese patrimonio era público y, de ser así, «haremos lo posible para recuperarlo». «Atendiendo a la laicidad del Estado, que los bienes sean públicos es lo que garantiza que puedan ser utilizados por cualquier ciudadano», añaden. Informa Mónica Mira.

En Burriana, la alcaldesa, María Josep Safont, destaca que «la colaboración entre el ayuntamiento y los representantes de la Iglesia en el municipio ha sido constante». «Hemos tenido algún problema con algún bien de la Iglesia como el campanar, pero hemos actuado allí donde se ha requerido nuestra ayuda», dice la munícipe, quien considera que si hay propiedades que no están destinadas al culto o a trabajos eclesiásticos «deberían pertenecer a la ciudadanía», aunque con «espíritu de consenso». Informa Isabel Calpe.

Vila-real, en la misma línea, destaca la colaboración con el obispado y niega conflicto alguno. Recuerda que tanto la iglesia del Pilar, como Els Lluïsos tienen un uso público y se utilizan por la ciudadanía «sin limitaciones».

Por lo que respecta a Castelló, preguntado por este asunto el ayuntamiento se limitó a decir ayer que «se estudiará la situación jurídica y, en función del análisis, se tomarán las decisiones oportunas». Almassora, por su parte, ve «acertada» la voluntad del Consell de devolver los bienes a la ciudadanía. N. B. B.