El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, compareció ayer en el Senado y aportó los datos actualizados sobre el ingreso mínimo vital (IMV). Una prestación que ha dado sus primeros pasos con motivo de la crisis social derivada de la pandemia, pero que por el momento dista de satisfacer las expectativas. Desde que se dio a conocer la anterior actualización, hace tres meses, se han aprobado en Castellón 795 nuevos casos, mientas que el ritmo de presentaciones en ese periodo es muy superior, con 2.867 en total.

Desde la puesta en marcha del IMV se han presentado 15.251 expedientes considerados como válidos en la provincia. De ellos, 2.848 han sido resueltos y aprobados, mientras que los denegados son el triple, con 9.394. Además, hay 424 en fase de subsanación, que deben aportar alguna documentación adicional o comprobar alguno de los datos aportados. El número de los que han sido admitidos pero todavía no han comenzado la fase de tramitación son 2.585.

Dificultades

La creación de este mecanismo para ayudar a aquellas familias que peor lo pasan en esta crisis afronta varias dificultades desde su inicio. Una de ellas es la falta de personal en las sedes de la Seguridad Social. Un extremo reconocido por el ministro Escrivá en su comparecencia. «Nos encontramos con una destacable falta de inversión en capital humano», con una plantilla envejecida y que en la última década había perdido al 20% de mano de obra.

Por parte del sindicato CSIF aportan que en este área de la Administración se han incrementado sus cargas de trabajo «hasta multiplicarlas por cuatro, niveles nunca vistos que han tenido que ser asumidos por plantillas que ya de por sí presentaban carencias». Como parche, se ha procedido a la contratación temporal de 12 personas. En principio debían estar hasta finales del pasado año, pero se optó por su continuidad hasta junio para reducir el atasco.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social, su presidente, Jaume Agost, incidió en la situación de «teléfonos saturados y la complicación de los trámites, que en algunos casos deben hacerse a través de internet». Algo que muchos potenciales beneficiarios no tienen. Además, critican una reciente reforma que carga de responsabilidades a los equipos sociales.