Impedir las prórrogas contractuales automáticas a las cuales tiene derecho el arrendatario, incumplir el deber de conservación para causar el deterioro del inmueble, abandonar el mantenimiento de los espacios comunes y amenazar, engañar y/o presionar psicológicamente al inquilino para forzarlo a abandonar la vivienda son algunas de las prácticas de un fondo buitre, y que detalla un informe independiente encargado por el Sindicato de Inquilinos de Castelló, a raíz de los casos de acoso inmobiliario detectados en un bloque de viviendas del Raval Universitari de la capital de la Plana.

El informe técnico, que elaboran y firman una arquitecta y un jurista, se redacta tras la petición del Sindicato de Inquilinos, que solicita que se dé parte de las distintas deficiencias, y la elaboración de unas conclusiones tanto arquitectónicas como jurídicas.

El análisis, al que ha tenido acceso Mediterráneo, concluye, en el apartado arquitectónico, que las numerosas patologías o faltas detectadas en el bloque se deben, algunas, «a planteamientos erróneos de origen», y otras «a falta de mantenimiento del edificio». «Prácticamente ninguna de ellas se debe al uso cotidiano de las viviendas», concluye. Además, «tampoco ninguna de ellas puede ser considerada una reparación del uso cotidiano».

Responsabilidades

El informe establece, en cuanto a la parte legal, que la reparación es «jurídicamente una obligación de la empresa que actualmente detenta el dominio de la finca». «Se han llevado a cabo actuaciones que se podrían considerar como acoso inmobiliario», añade, así como «podemos encontrar indicios sobre una motivación tendente a crear un estado de hostilidad que tenga la voluntad de forzar a los vecinos a abandonar sus viviendas o, incluso, a aceptar los nuevos precios desorbitados sin negociar». Según los datos del catastro, el edificio tiene como fecha de construcción el año 2005, y en el pasado 2015 perdió la calificación VPO. Consta de 173 viviendas.

En relación con el informe, la Concejalía de Vivienda asegura que está «estudiando pedir al área de disciplina urbanística que inspeccione el edificio ante el peligro de desprendimiento».

Las mismas fuentes indican que «la Conselleria está estudiando desde septiembre la denuncia presentada por el Sindicato de Inquilinos contra el fondo buitre propietario de las viviendas. Este informe se incluirá al expediente de la denuncia y la Conselleria analizará si abre expediente administrativo sancionador por incumplimiento en legislación en materia de vivienda. En caso de llevarse a cabo, sería el primero que se abre en la Comunitat y el segundo a nivel de toda España.