Los vecinos del Raval Universitari tendrán el apoyo del Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat valenciana, que analizarán el informe que detalla el acoso inmobiliario sufrido por parte de un fondo buitre en un bloque de edificios de la zona. «En los próximos días», según fuentes consistoriales, la Concejalía de Vivienda de la capital de la Plana se reunirá con el Sindicato de Inquilinos (representa a los vecinos y encargó el informe técnico independiente que desveló recientemente Mediterráneo) y los servicios territoriales de la Generalitat, para analizar el informe técnico de la denuncia y estudiar las posibles acciones a llevar a cabo.
La Conselleria del ramo confirmó ayer a este diario que ha recibido, a través de Servicios Territoriales, el informe técnico, y que la próxima semana se producirá una reunión con los afectados, a la que también acudirá la Concejalía de Vivienda del consistorio de Castelló. El ente autonómico sigue en contacto con el Sindicato de Inquilinos, durante el proceso, y subraya su compromiso en abrir, llegado el momento, y con las suficientes pruebas documentales, un expediente administrativo sancionador por incumplimiento en la legislación en materia de vivienda. Sería el primero de este tipo que se abre en la Comunitat Valenciana, y el segundo en toda España.
Desprendimientos
Además, desde el Ayuntamiento también analizarán si existen cuestiones que afectan a competencia municipal, como es el supuesto peligro de desprendimientos del edificio en la calle, uno de los apuntes que detalla el informe técnico. La Concejalía de Vivienda debe coordinar con el área de Urbanismo la respuesta por parte municipal.
Del mismo modo, están estudiando el caso de otros fondos buitre que tienen alquileres en viviendas VPO en la ciudad, y en este caso, las posibles sanciones serían más grave que las que gestionan las viviendas libres como las del bloque del Raval Universitari.
Este edificio se construyó en el año 2005 y perdió en 2015 la calificación VPO. Consta de 173 viviendas. El informe, que elaboran y firman un jurista y una arquitecta, asegura que «se han llevado a cabo actuaciones que se podrían considerar acoso inmobiliario», y que pueden «encontrar indicios sobre una motivación tendente a crear un estado de hostilidad que tenga la voluntad de forzar a los vecinos a abandonar sus viviendas o aceptar sin negociar los nuevos precios desorbitados» de alquiler.
