Las tres asociaciones que representan a los vecinos de la Marjaleria están de acuerdo en llevar el Plan General de Castelló a los tribunales y solicitar su paralización si no se acuerdan avances significativos en la regularización de las aproximadamente 4.000 viviendas que se encuentran en la actualidad en una situación de alegalidad.
La última en alcanzar este acuerdo fue la de La Marjalería, que cuenta con unos 2.500 socios. Previamente, ya lo hicieron las de Meridiano y Plana Entrilles. Todos coinciden en que se han cansado de las promesas políticas verbales, que no han supuesto ningún avance real en décadas.
Según explicó Daniel Montiel, presidente de La Marjaleria, antes de llegar al extremo de solicitar la paralización del Plan General, «para lo que tenemos argumentos», quieren alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento, que pasa, necesariamente por el cumplimiento de tres requisitos: legalizar las viviendas, reconocer el derecho a tener luz y agua, y conceder la cédula de primera ocupación. Pero no se conforman con la voluntad de estudiarlo cuando sea posible, «queremos un documento firmado», de lo contrario, no cederán en sus pretensiones.
Solo palabras
El sentir general de todos los afectados es que después de tanto tiempo, las palabras no tienen ningún peso legal y sus circunstancias no solo no mejoran, sino que podrían llegar a agravarse.
Como ya manifestó Montiel la semana pasada, tras un «encuentro informal» de los tres presidentes con el concejal de Urbanismo, José Luis López, el Plan General al que el equipo de gobierno fía la regulación de la zona «nos deja más desamparados». Así lo trasladó ayer en la asamblea vecinal, donde expusieron cómo les afecta este nuevo documento urbanístico.
«Van a recalificar todo el suelo, que pasará a ser rústico, hasta que se desarrolle el Plan General o se realicen los planes de minimización de impacto ambiental», lo que puede llevar hasta diez años. Nadie les garantiza, según remarcó, que en ese tiempo puedan encontrarse con órdenes de derribo.
Sin luz ni agua
La actual situación genera serios inconvenientes en el día a día de los vecinos, como advirtió Daniel Montiel. «Cuando un propietario que tiene luz y agua vende su casa y da de baja esos servicios, el comprador ya no puede volver a darlos de alta, porque no se cumplen los requisitos municipales», detalló. Situaciones como esta son las que preocupan a quienes viven en una incertidumbre constante que, según insistieron ayer, se verá agravada tras la aprobación de la propuesta urbanística del Ayuntamiento.
Los vecinos ya le trasladaron a López que la solución para su problema pasaría por sacar la Marjaleria del Plan General, redactar uno propio que contemplara sus singularidades y les ofreciera, a corto plazo, las garantías que ahora no tienen, pues la promesa de que nadie en el Ayuntamiento quiere derribos en la zona no tiene ningún peso para los propietarios sin documentos oficiales.
Daniel Montiel confirmó que antes de proponer a la asamblea acudir a los tribunales las tres asociaciones ya han recibido asesoramiento legal y les aseguran que tienen fundamentos para solicitar la paralización del Plan General si lo consideran oportuno.
