El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló denunció ayer que el ejecutivo de la alcaldesa, Amparo Marco, adeuda «al menos 5 millones de euros a proveedores por deficiente gestión de los servicios públicos que se realiza por parte del equipo de gobierno municipal» y, en concreto, «de los contratos públicos que tienen caducados desde 2017», tal como explicó la portavoz del grupo popular, Begoña Carrasco.
Hay 16 contratos de grandes empresas que generan facturas irregulares e impagadas, además de los contratos caducados de pequeñas y medianas empresas. Una acción que Carrasco define como «irresponsable», ya que, al no pasar por el pleno desde diciembre de 2020, las empresas llevan sin cobrar desde esta fecha.
Servicios afectados
En total, son siete meses los que algunos servicios municipales como el de salvamento y socorrismo, el servicio de mantenimiento del alcantarillado o el servicio de recaudación, «se están asfixiando», y por eso «instamos al gobierno municipal a que empiece a trabajar por las familias castellonenses», expresó Carrasco.
A su vez, contó que además de contratos de grandes empresas, también hay de pequeños servicios, como talleres para mayores, guarderías, o incluso el servicio de transporte que se encuentra sin licitar. La popular añadió que la alcaldesa «está ahogando a las empresas en una ciudad con 16.000 parados».
El concejal, Juan Carlos Redondo, insistió que hasta ahora los castellonenses «han estado pagando facturas sin una base contractual», por lo que esto genera, «una falta de liquidez absoluta para las empresas».
Redondo destacó que el informe de la Sindicatura de Cuentas que da la voz de alarma a la Intervención municipal sitúa a Castelló en el segundo puesto de entre los 65 ayuntamientos valencianos, de más de 20.000 habitantes, que más Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (RECS) es decir, que más pagos de forma irregular tramita.
Huelga
Hasta 59 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) convocan una huelga para el 5 de agosto, por los casi 800.000 euros que les deben. «Marco deja sin atender a 209 personas dependientes en nuestra ciudad», aseveró Carrasco. Así, añadió que tenían la esperanza de que en la comisión plenaria a la que «nos convocan de manera extraordinaria se incluyera el pago a esta empresa, pero no ha sido así», manifestaron desde el Partido Popular.
