El Ayuntamiento podrá mejorar la efectividad de sus políticas de vivienda gracias al convenio suscrito con la Generalitat valenciana a través de la Xarxa Xaloc, la red de oficinas de Vivienda de la Conselleria, que le permitirá a partir de septiembre doblar el personal dedicado a la materia en Castelló con una ayuda total de 261.000 euros (89.000 en el 2021 y 172.000 en el 2022).

«La colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento nos permitirá reforzar las políticas de vivienda que hemos iniciado y diseñado en esta legislatura para aumentar la cifra de alquileres asequibles, ampliar la cobertura en los colectivos más vulnerables y promover la rehabilitación», afirma al respecto la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido

El convenio suscrito por la alcaldesa Amparo Marco y el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, permitirá crear en la ciudad una oficina de ventanilla única de vivienda que formará parte de la Xarxa Xaloc. Además, desde esa oficina en la capital de la Plana se van a centralizar muchas operaciones y gestiones de ayudas de rehabilitación, alquiler, jóvenes e incluso información sobre posibles casos de desahucios.

Objetivos en el horizonte 

Cabe recordar que la Concejalía de Vivienda de Castelló confía en dos grandes medidas que pondrá en marcha en los próximos meses para contener el precio del alquiler en la capital de la Plana: el nuevo censo de viviendas vacías de grandes propietarios --para contener la especulación de fondos buitre-- y la nueva bolsa de alquiler municipal.

El objetivo es interceder en el mercado del alquiler y frenar el incremento de precios de los últimos años. Para final del presente 2021, Castelló prevé disponer del censo, un instrumento que permitirá conocer la cifra exacta de viviendas vacías del municipio que se encuentran en manos de grandes propietarios, y gravar así a partir del 2022 el 50% del IBI aprobado en las ordenanzas fiscales en las viviendas vacías de grandes tenedores que lleven más de un año en esta situación. Es una medida con la que se pretende liberar vivienda deshabitada y contener las prácticas especulativas de los fondos buitre.

Junto a este recargo, la otra vía con la que trabaja el Ayuntamiento es la nueva bolsa de alquiler municipal. Contempla precios protegidos (cuatro euros máximo el metro cuadrado) y a cambio ofrece a los propietarios para su cesión un pago anual de 1.500 euros, más 2.900 euros para reformar el piso y un depósito para hacer frente a impagos y desperfectos.