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Los afectados cuestionan «cláusulas abusivas» al renovar contratos de alquiler

Vecinos del Raval de la UJI amplían la denuncia contra el fondo buitre

Ayuntamiento de Castelló y Conselleria de Vivienda estudian la viabilidad de abrir un expediente sancionador

Imagen de archivo del bloque de viviendas del Raval Universitari, con carteles contra los fondos buitre.

Imagen de archivo del bloque de viviendas del Raval Universitari, con carteles contra los fondos buitre. Mediterráneo

Lejos de solucionarse, el conflicto entre los inquilinos y el fondo buitre propietario de un edificio del Raval Universitari sigue su curso. Según ha podido saber Mediterráneo, los vecinos ampliarán la denuncia administrativa presentada ante la dirección territorial de la Conselleria de Vivienda. En ella, cuestionan varias «cláusulas abusivas» del nuevo contrato que impulsa el propietario para renovar los alquileres de los pisos.

Estos nuevos contratos, además de incrementar el precio del alquiler entre el 60 y el 100%, plantea una serie de cláusulas que, según indican los representantes del Sindicato de Inquilinos de Castelló, son «claramente abusivas o nulas al contravenir la Ley de Arrendamientos urbanos y los derechos del consumidor». Entre ellas figuran aspectos como la contratación por cuenta del inquilino de un seguro de impago o la obligación de hacerse cargo de los gastos de las zonas comunes. Además, no estipula claramente la duración del contrato, que en el caso de los grandes tenedores es de 7 años más 3 de prórroga.

Esta ampliación de la denuncia es un nuevo capítulo en el largo conflicto entre las partes. Los inquilinos presentaron la primera denuncia en septiembre del 2020 y posteriormente vio la luz in informe realizado por especialistas que relataba incumplimientos tanto en el mantenimiento el edificio como posibles episodios de acoso inmobiliario para los que inquilinos pagaran más o se marcharan del edificio. Por todo ello, la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló y la conselleria del ramo explican que están «trabajando coordinadamente para estudiar de forma pormenorizada la viabilidad de abrir un expediente sancionador de acuerdo a la Ley Valenciana de función social de la vivienda».

Esta Ley considera el acoso inmobiliario como «el abuso de poder o las conductas de los propietarios» que tienen como objetivo «generar un entorno hostil que fuerce a los inquilinos a abandonar sus viviendas».

Sesenta familias 

Durante los últimos cuatro años, señalan desde el Sindicato de Inquilinos, más de sesenta familias han tenido que abandonar sus viviendas en estos bloques. Esta denuncia pionera en la provincia de Castellón puede derivar en el primer expediente sancionador contra un fondo buitre de la Comunitat Valenciana, y el segundo en toda España. 

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