La Audiencia Provincial de Castellón ha albergado el juicio del llamado caso de los sobres. Tras las declaraciones de los tres acusados y todos los testigos, la Fiscalía mantiene la petición de libre absolución para Enric Nomdedéu, Ali Brancal y Miquel Torres, concejales los dos primeros y asesor el último del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Castelló. "Los indicios no se sostienen", señaló la fiscal.
La cita, que se celebra con jurado popular en la capital de la Plana, trata de determinar si los tres acusados cometieron un delito de malversación de fondos públicos al, presuntamente, enviar, a través del servicio postal del consistorio, propaganda electoral relativa a las elecciones europeas de 2014. La acusación pide por ello tres años de cárcel para cada uno de los acusados y en el caso de Nomdedéu, actual secretario autonómico de Empleo, otros tres años por falsificación documental.
Declaraciones
Los hechos juzgados ocurrieron en 2014, pero no vieron la luz hasta cuatro años después, en 2018. En esa fecha, Juan José Pérez Macián, exconcejal del PP en Castelló y ahora denunciante, encontró, según indicó, 15 sobres en una caja de su despacho. Los había obtenido en 2014, cuando era teniente alcalde y concejal de Hacienda de la capital de la Plana.
Al respecto, Macián explicó que un viernes de mayo de 2014 recibió la llamada del jefe de Asuntos Internos, Carlos Limonge, quien le advertía de que «algo sospechoso» había detectado en cinco cajas que pretendía enviar el grupo municipal Compromís. Limonge, que también declaró ayer en la Audiencia Provincial, dijo que vio «unas carátulas de propaganda electoral», y que bloqueó el envío hasta recibir el visto bueno de su Macián, su superior.
Ese visto bueno llegó después de que Nomdedéu, entonces portavoz de Compromís, firmara un requerimiento asegurando que en los sobres había lo que solían enviar periódicamente: el boletín de información municipal. Los sobres se enviaron con normalidad.
Limonge también apuntó que Macián le dijo que, si llegaban algunos devueltos, se los entregara. Y eso hizo. Macián los guardó hasta ese día de 2018 cuando, ya en la oposición, los vio supuestamente en una de esas cajas con las que se produjo la mudanza de despachos de 2015, al cambiar de manos la alcaldía. A contrario de lo que le había parecido en 2014, uno de los sobres «estaba abierto». Entonces, en un pleno extraordinario de 2018 sobre corrupción, Macián realizó una «simulación» al sacar un sobre con papeletas electorales, y anunció que presentaría una denuncia.
En su declaración, Macián indicó también que en su momento, al parecerle extrañas esas cajas, informó de ello a la junta electoral, mediante un correo electrónico que ni aportó en la instrucción ni durante el juicio de hoy.
Las defensas
La defensa del principal acusado, Enric Nomdedéu, subrayó la «intención política» de la denuncia. Nomdedéu defendió la honestidad de su labor pasada como concejal y actual al frente de la secretaría autonómica de Empleo. «Soy serio, formal y no soy un delincuente», apuntó. «Después de este calvario sigo pensando que en los sobres había lo único que podía haber». Tanto él como los también acusados Brancal y Torres remarcaron que ni ordenaron ensobrar ni ensobraron aquellos sobres, al ser algo que no era de su competencia.
Torres indicó que eran los militantes quienes hacían ese «ensobrado», que estaba autorizado por el Ayuntamiento, y comentó que «podía acceder a esos sobres cualquier persona, incluso el denunciante, que entonces se encargaba del funcionamiento administrativo del Ayuntamiento».
En esa línea, dos militantes de Compromís testificaron para explicar cómo se realizaba el ensobrado, bien en la sede de Castelló o en domicilios particulares. También testificó una persona que afirmaba haber recibido uno de esos sobres, con la supuesta propaganda electoral de hace siete años, pero que no lo conservaba.
La primera de las testigos fue Amparo Marco. La alcaldesa de Castelló indicó que los informes de los técnicos del ayuntamiento reflejaban que no se podía determinar ni los envíos ni el coste de los envíos, y que por eso el consistorio no reclama. «Si esta sala determina que hay un perjuicio, se reclamará», dijo la alcaldesa.
