La concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló regularizará 30 viviendas sociales y desokupará otras cuatro con el fin de normalizar el caos que existe en la actualidad al respecto. De esta forma, la ordenación de estos pisos se completará en los próximos meses, finalizando así con más de una década sin poner orden en esta cuestión, según explicaron ayer martes fuentes municipales. Así, el consistorio admitirá el uso de estos 30 pisos con sus actuales inquilinos a cambio del cumplimiento de una serie de condiciones como son la regularización de suministros, el cumplimiento de las normas de convivencia, la ejecución de los pagos a la comunidad o el buen mantenimiento de la vivienda o zonas comunes.
Por otro lado, se han notificado cuatro expedientes administrativos de recuperación de viviendas que volverán al consistorio tras su desokupación. Estas notificaciones se irán entregando las próximas semanas y establecen un plazo de 15 días para abandonar los pisos, ya que los informes municipales han documentado que se ha producido un acceso irregular en los últimos doce meses, bien por okupación o bien por traspaso ilegal de unos inquilinos a otros.
Proceso de inspección
La concejalía ha realizado un proceso de inspección y visita durante dos años, ha instalado puertas de acero para evitar posibles okupaciones y ha realizado actuaciones de reforma y reparación en 77 de las 227 viviendas. En cuanto a lo que queda de legislatura, tiene previsto contratar un servicio que refuerce la gestión de los pisos municipales, así como cambiar las bases de adjudicación para que fomenten el alquiler asequible y la inserción socio-laboral.
Según un informe de esta área, el modelo de gestión de las viviendas municipales se ha quedado obsoleto. En los años 60 su asignación se basó en el arrendamiento a precios económicos, y a partir de los 90 se empezaron a ceder de forma gratuita a diversas familias que deberían haber permanecido con carácter temporal. La rotación de las viviendas es muy baja y el funcionamiento durante tantos años, sin un departamento técnico específicamente dedicado a gestionar en términos sociales y patrimoniales las 227 viviendas, ha hecho que el servicio que deben cumplir no se lleve a cabo durante tres largas décadas.
La mayoría de residentes, actualmente, cumplen con las condiciones de arriendo y cesión. Hay que recordar que hoy en día existen 52 viviendas sociales correspondientes de renta antigua.
