Las cámaras de control de acceso al centro, reactivadas el pasado 10 de enero, siguen enervando a algunos vecinos residentes en el casco urbano. Y hasta tal punto llega el malestar que algunos de ellos plantean llevar ante la justicia las sanciones que les ha impuesto el Ayuntamiento y que consideran injustas porque se trata de multas a vehículos que ya cuentan con autorización pertinente.
Así lo confirman tanto la presidenta de la Asociación Centro, Tere Salvador, como la de la Asociación del Raval de la Trinitat, Inma Roig, y afectados consultados por este diario como Isabel Pellicer, de la funeraria en la calle Alloza.
«Los vecinos ya no saben qué hacer porque, pese a tener el permiso emitido por el consistorio, siguen recibiendo sanciones al respecto», afirmó Roig, quien mostró su preocupación ante la falta de solución por parte del área de Movilidad que dirige el edil Jorge Ribes. En el mismo sentido se pronunció la representante del Centro, quien destacó: «Los vecinos están muy disgustados y las quejas por las cámaras siguen llegando a la asociación».
"Solamente 10 minutos"
«Otro de los problemas que ha generado este sistema es que solamente permite un tiempo de 10 minutos para que puedas descargar la compra o acompañar a un familiar impedido que necesita llegar hasta la puerta de la vivienda, por ejemplo. Es un periodo muy corto y no da tiempo a entrar y salir en el caso de que no tengas el aparcamiento en tu casa ubicada en la parte acotada por las cámaras», afirmó la representante de los vecinos del centro. Por este motivo, Salvador trasladó a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, este malestar en la pasada junta de distrito centro. «Esta semana lo volveré a hacer porque no han solucionado los problemas», concluyó.
Isabel Pellicer también mostró su enfado en este sentido y aseguró que algunos vecinos están valorando llevar las sanciones impuestas a los vehículos autorizados ante la justicia. «Deberían tener más miramiento con los castellonenses que residimos en estas calles o tenemos un negocio», dijo. «Yo llevo seis multas en un mes a los coches fúnebres que utilizamos para los entierros en Santa María o para ir a recoger a algún difunto en el centro histórico», afirmó.
