El pleno municipal aprobó este jueves diversas modificaciones en la política fiscal del Ayuntamiento de Castelló. Con la excepción de Vox, el resto de partidos con representación en el consistorio de la capital de la Plana votó a favor de la modificación de la ordenanza fiscal del llamado impuesto de plusvalías, adaptando al ámbito municipal el decreto último del Gobierno, y acatando en la práctica las sentencias del Tribunal Constitucional al respecto. Con esta modificación, Castelló dejará de recaudar unos 2,2 millones de euros al año.
Además, el pleno aprobó --y en esta ocasión por unanimidad- la bonificación del IBI rústico a aquellas fincas que estén activas. La bonificación va desde el 50% a los cultivos de carácter agrícola tradicional al 70% para aquellos cultivos de producción ecológica. Esta medida, destinada a ayudar a reactivar el sector primario en el término municipal y unida a la fase previa de diciembre, beneficiará a unas 360 fincas con alrededor de 236 hectáreas de extensión.
Los criterios
En cuanto a las plusvalías, el Ayuntamiento tenía seis meses de margen, desde la última sentencia del mes de noviembre, para adaptarla y no cobrar esa plusvalía en los casos recogidos: cuando no hay ganancia y cuando la ganancia no supera el pago. Además, incluye un nuevo método de cálculo (llamado real) para que el ciudadano tenga dos para elegir (el otro es el objetivo).
El Ayuntamiento de Castelló solía recaudar unos 5,6 millones de euros cada año con las plusvalías, pero con estas modificaciones perderá unos dos millones anuales, según las previsiones.
«Agradecemos prácticamente la unanimidad», dijo el edil de Hacienda, David Donate, que explicó durante su intervención las diferentes sentencias y las consiguientes adaptaciones realizadas. Tanto el PP, que mostró su deseo de que con estos cambios «se acabe el goteo de sentencias contrarias», como Ciudadanos, que felicitó al equipo de gobierno por «rectificar a tiempo» votaron a favor de la modificación, junto al tripartito. La excepción fue Vox, que votó en contra: «Queremos suprimir las plusvalías, no podemos aprobar solo algunas modificaciones».
Negociación de ordenanzas
Estas modificaciones se aprobaron durante el pleno de ayer coincidiendo con el tramo inicial de la negociación del tripartito para determinar las ordenanzas fiscales del próximo año 2023. Esta negociación, que determinará los tributos municipales a pagar, se encuentra según todas las fuentes consultadas «en fase técnica».
El propósito del consistorio para 2023 es congelar los impuestos para combatir la inflación, tratando así de evitar un frenazo en la recuperación económica postcovid en la ciudad. Para ello, el emprendimiento será bonificado a través de diferentes medidas. Una será la prórroga de la suspensión de tasas en licencias de apertura, una medida ya en vigor en el presente 2022 y que se pretende prorrogar.
Otro aspecto que se busca implantar, y que se recoge en el propio Acord de Fadrell, es incentivar la actividad económica en los locales comerciales que estén actualmente vacíos en la ciudad, con bonificaciones directas a los propietarios a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Además, los socios del PSPV en el Ayuntamiento, Compromís y Podem, tratarán de incluir sus propias propuestas, algunas de ellas relativas a la fiscalidad verde, o las ayudas para el ahorro energético con renovables, entre otras.
