La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha denunciado este lunes el afán recaudatorio del gobierno de PSOE, Compromís y Podemos, liderado por la alcaldesa socialista Amparo Marco, con los radares urbanos con los que obtiene una recaudación extra, mientras tienen 111 millones de euros del presupuesto por invertir en la ciudad. “El sistema recaudatorio de radares urbanos acumula en mes y medio más de 6.000 sanciones, a 200 euros la multa suman 1,2 millones de euros”, ha apuntado.
Una cuestión a la que también se han referido desde el equipo de gobierno municipal, cuyas fuentes han afirmado que desde el 26 de octubre, se han realizado controles en dos de los tres puntos establecidos, dando como resultado un total de 6.680 infracciones sancionadas (esta cifra ya no contempla las multas que no se han contabilizado porque hacen referencia a vehículos de emergencia o policía local, por ejemplo, así como las imágenes borrosas de vehículos). Esto supone en torno al 1% de vehículos que circulan diariamente por estas zonas cuya velocidad ha sido controlada en este periodo. Los puntos de control de velocidad son una medida de mejora de la seguridad vial y de protección de los usuarios y usuarias de la vía pública.
Las mismas fuentes han explicado que tres ubicaciones se han decidido en base al diagnóstico de la accidentalidad realizado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Seguridad Vial de Castelló (PMUS) y de acuerdo con los datos de siniestralidad vial facilitados por la Policía Local sobre tramos de concentración de accidentes en los que se han registrado siniestros cuya causa principal es el exceso de velocidad. Según estos datos, entre 2014 y 2020, se llegaron a registrar 27 siniestros en estas zonas en los que la causa principal ha sido el exceso de velocidad.
La instalación de los puntos de control de la velocidad ha sido una medida ampliamente difundida desde su aprobación por Junta de Gobierno Local el pasado mes de diciembre de 2021. Además, los tres puntos se señalizaron previamente este verano, meses antes de su activación, con el fin de que la ciudadanía se habituara y conociera la medida. Además, desde el 3 de octubre (día en el que se activaron) y hasta el 26 de octubre pasado no se ha emitido ningún boletín de denuncia, ampliando el periodo de adaptación a la medida, ha afirmado las fuentes del gobierno local.
"Son cifras demoledoras desde que entraron en funcionamiento, el 3 de octubre", que la portavoz popular ha dado a conocer en rueda de prensa, convocando a los periodistas junto a una de las tres cajas de radares que existen en la ciudad, ya que solo hay un cinemómetro, que va cambiando de caja en caja para multar en las diferentes zonas. Carrasco, junto al concejal del PP Juan Carlos Redondo ha evidenciando el afán recaudatorio del gobierno municipal junto a la caja de radar situada frente al colegio Ramiro Izquierdo, en la ronda norte de circunvalación.
Desde el Partido Popular, su portavoz quiere dejar bien claro que “la ley de seguridad vial hay que cumplirla y , por tanto, hay que respetar los límites de velocidad en todas las vías, pero existen otros métodos de controlar la velocidad que no sean siempre pasando por caja, como ya pasa con las cámaras el centro y que el gobierno municipal quiere extender al ‘Castellón Central’, cerrando al tráfico 745.000 metros cuadrados de núcleo urbano”.
“Cuando peor es la situación económica que estamos atravesando, mayor es el afán recaudatorio del gobierno de Amparo Marco. Y tal es el aluvión de multas con los radares que para tramitarlas, el área de Policía ha tenido que incorporar más personal”, explica la portavoz Popular, Begoña Carrasco.
Y en este sentido, insiste: “Lo de este gobierno es mero afán recaudatorio por varios motivos, en primer lugar porque no ha habido un campaña informativa previa de concienciación, como tampoco la hubo con las cámaras del centro; en segundo lugar porque los tres radares urbanos instalados en las rondas de circunvalación y en la avenida de Valencia no coinciden con puntos negros, son puntos con una alta densidad de circulación de vehículos, es decir, de potenciales infractores; y en tercer lugar no se han valorado sistemas alternativos, como paneles lumínicos para concienciar a los conductores de la obligatoriedad de respetar los límites de velocidad, pero sin multar”.
“Entre lo que el gobierno de Marco lleva recaudado con las cámaras del centro, que suman más de 65.000 sanciones, y a razón de 80 euros suponen 5,2 millones de euros de recaudación potencial, y lo que llevan recaudado con los radares, más de 16.000 sanciones, el gobierno tiene dinero para bajar impuestos, tal y como venimos pidiendo desde el Partido Popular. Nuestro plan de ahorro contempla 10,1 millones de euros menos en impuestos, que es lo que agradecerían los castellonenses”, señala Carrasco.
Por tanto, “desde el Partido Popular, pensamos que no es el momento de seguir esquilmando el bolsillo de los castellonenses. Ya está bien de cobrarles por todo, ya está bien de sancionarles por todo. Sí a que se cumpla la ley de seguridad vial y las ordenanzas de movilidad, pero no a costa de freír a los vecinos a multas. No es nuestro modelo y, por eso, ya anuncio que cuando gobernemos optaremos por otros sistemas no penalizadores económicamente”, concluye.
Declaraciones del concejal de Seguridad, Octavio Traver
"La seguridad vial salva vidas, y nuestra obligación es reforzar la seguridad allá donde sea necesario, pues con cada infracción se está poniendo en peligro la vida de personas. No entendemos que el PP, que siempre hace bandera de la seguridad ciudadana, menosprecie algo tan importante para los vecinos y vecinas como la seguridad vial", ha dicho el concejal de Seguridad Ciudadana, Octavio Traver.
"Nos parece una actitud extremadamente irresponsable la del PP, que en lugar de concienciar para que se respeten los límites de velocidad y se proteja a los conductores y viandantes, se pone del lado del escaso 1 por ciento que comete infracciones poniendo en peligro sus vidas y la de otras personas. El afán recaudatorio es el que tenía el PP, que cuando gobernaba subía los impuestos a todo el mundo; sancionar a quien comete infracciones es simplemente una cuestión de seguridad y legalidad", ha finalizado.
