Las últimas novedades sobre la cruz del Ribalta de Castelló

Las últimas novedades sobre la cruz que el gobierno formado por el PSOE, Compromís y Podemos retiró el 4 de enero de 2023 ampárnaose en la Ley de Memoria Histórica llegaron ayer en forma de documento oficial.

La Generalitat valenciana oficializó ayer, con la publicación en su Diario Oficial (DOGV), que la cruz no es un vestigio franquista. Y por este motivo deberá ser retirado próximamente del Catálogo de la administración autonómica que recoge este tipo de monumentos.

Con este último trámite burocrático se cumple el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ya sentenció que las cruces resignificadas y sin ningún lema no eran vestigios franquistas y no tenían connotación contraria a la Ley de Memoria Histórica, como es el caso de la cruz que ahora se encuentra en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva y bajo la protección del obispado de la diócesis Segorbe-Castellón. 

Hay que recordar que este procedimiento lo abrió la Asociación Abogados Cristianos a nivel autonómico en cuanto a las cruces resignificadas se refiere.

El concejal de Seguridad y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital de la Plana, Antonio Ortolá, aplaudió ayer esta decisión y exigió a su socio de gobierno la reposición de la cruz resignificada en 1979 con el primer ayuntamiento democrático.

Sin embargo, Ortolá explicó que como no es posible reubicar la que se retiró por el mal estado en el que se encuentra, sí que defendió que el monumento en honor a las víctimas que el PP en el consistorio quiere poner en Castelló tal y como refleja el artículo 70 del pacto de gobierno «lleve una cruz y que no cueste dinero al municipio». Pese a esta reivindicación, Ortolá reconoció que el pacto actual entre el PP y Vox «no corre peligro».

Otro procedimiento

Además de esta actuación judicial que ha obligado a la publicación en el DOGV, sigue abierto otro procedimiento judicial solicitado por la Asociación Abogados Cristianos y Vox donde pidieron la nulidad del acto administrativo que decretó quitar la cruz. Precisamente ambos defendían en este contencioso administrativo que el lábaro no se tenía que haber retirado nunca porque fue resignificado.

Este proceso fue recurrido por la Intersindical y la Grup de Recerca y todavía está pendiente de resolución por parte del TSJCV. 

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