La Audiencia Nacional investiga a una empresa de Castelló en el megafraude de los hidrocarburos

La Audiencia Nacional sienta en el banquillo de los acusados en Madrid a un empresario de Castelló por su presunta implicación en el megafraude de 154,7 millones en el IVA de hidrocarburos realizado por elGrupo Hafesa Energía entre 2016 y 2019 en el que han sido imputados una veintena de compañías y 15 personas físicas.

El macrojuicio que preside el juez José Luis Calama en la Sección Cuarta de lo Penal, investiga la trama creada por la empresa matriz, con el empresario vizcaíno Alejandro Hamlyn y su socio, el gallego Norberto Uzal, al frente, y sus presuntas firmas satélites, como la castellonense Horsan Península S.L.

El caso adquirió además tintes políticos después de difundirse la grabación de una conversación de varias personas, entre ellas Hamlyn y la conocida como fontanera del PSOE Leire Díez, quien supuestamente le instaba a que le diera información comprometedora sobre mandos de la UCO para presionarles, y que, en una rueda de prensa, fue interrumpida por el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, investigado en otra trama de fraude en hidrocarburos.

Declarar como testigos

La Audiencia Nacional ha citado a declarar como testigos en el procedimiento en Madrid o por vídeoconferencia a algunos de los trabajadores de Horsan Península, después de que en abril de 2019, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil irrumpieran en las oficinas de Castelló en el marco de la operación Drake, iniciada en 2015 y considerada entonces el mayor golpe a la delincuencia organizada asociada al sector energético, con ramificaciones en Castelló, Valencia, Lleida, Girona y Madrid, con 21 detenciones, 292 sociedades investigadas y el bloqueo de dos millones de litros de gasoleo y 347 cuentas.

Al parecer, Horsan Península se dedicada a gestión y comercialización de carburantes al por mayor, compraba el producto a operadores estatales y lo distribuía posteriormente al por menor a gasolineras.

Se constituyó, según figura en el Boletín Oficial de Registro Mercantil (Borme), en mayo de 2009, y activó en junio 2017 un capital de 3.000 euros, que amplió a 2.850.000 euros en agosto de 2018, según figura en sus registros empresariales on line. 

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Cómo funcionaba la trama

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los acusados quisieron enriquecerse al evitar, de forma intencionada, el ingreso del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos durante de 2016 a 2019.

Según el fiscal, el funcionamiento era sencillo: usaban empresas que compraban combustibles sin pagar el IVA correspondiente y que luego desaparecían antes de que la Agencia Tributaria pudiese recaudar el impuesto. El esquema principal solía operar mediante una amplia red de compañías intermediarias, que podían ser nacionales o internacionales, dedicadas a la adquisición y venta de combustibles. 

La Fiscalía apunta a que estas compañías, algunas de ellas ficticias, son las que realizaban las compras de carburantes dentro de la UE, aprovechando los mecanismos del mercado intracomunitario que permiten realizar estas operaciones sin la necesidad de pagar inmediatamente el IVA. Sin embargo, al vender el combustible a precios más bajos en el mercado interno, emitían facturas con IVA, pero no lo ingresaban a las arcas del Estado. Cuando Hacienda detectó la irregularidad, algunas empresas ya habían desaparecido.

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