Novedades sobre el 'basurazo' en Castelló: esta vez llegan desde Vox

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado su tercera declaración institucional contra el "basurazo de Sánchez, después de que las dos anteriores fueran rechazadas por PSOE y Compromís", según ha dicho el portavoz adjunto, Alberto Vidal. La formación denuncia que ambos partidos han bloqueado de forma sistemática todas las iniciativas dirigidas a instar al Gobierno a frenar la subida de la tasa de basuras, recordando que el origen de este incremento se encuentra en la Ley 7/2022 aprobada por el propio Ejecutivo central con el voto en contra de Vox.

Vidal ha explicado que este nuevo texto institucional vuelve a exigir al Ejecutivo estatal la modificación de la Ley 7/2022 “para proteger la autonomía municipal y la justicia tributaria”. Ha recordado que Vox “lleva meses presentando iniciativas para frenar el tasazo impuesto de forma arbitraria”, y ha insistido en que PSOE y Compromís “se dedican a culpar al Ayuntamiento mientras sus partidos votan en contra de estas propuestas en el Congreso y en el Parlamento Europeo, que es donde realmente se deciden las medidas que afectan al bolsillo de los castellonenses”.

Ha detallado, asimismo, que la Ley 7/2022 obliga a los Ayuntamientos a cubrir el 100 % del coste del servicio de residuos mediante una tasa, lo que elimina la posibilidad de financiar parte del servicio con ingresos generales. Según ha explicado, esta interpretación estricta “no aparece así en la directiva europea” y supone “un recorte notable de la autonomía financiera municipal reconocida por la Constitución. Antes de la aprobación de la norma, los Ayuntamientos podían ajustar la carga fiscal según la situación social y económica de cada municipio”.

El portavoz adjunto ha señalado que esta obligación ha generado “tensiones económicas en familias, comercios y autónomos”, además de reducir el margen municipal para impulsar políticas sociales o fiscales. Por ello, Vox considera urgente que “el Gobierno modifique la ley y permita que los municipios vuelvan a financiar entre el 50 % y el 70 % del servicio mediante ingresos generales, manteniendo la tasa solo para el resto”. Según Vidal, recuperar esta flexibilidad “aliviaría la carga económica y devolvería a los Ayuntamientos la capacidad de adaptar su gestión a la realidad local sin comprometer los objetivos ambientales”.

Propuestas de acuerdo

En la declaración institucional presentada, Vox propone que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a modificar el artículo 11.3 de la Ley 7/2022 para permitir que los municipios financien entre un 50 % y un 70 % del servicio de residuos con ingresos generales y no exclusivamente mediante una tasa. La iniciativa plantea también solicitar a los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda la creación de un marco estable que garantice la autonomía municipal y permita decidir la combinación más adecuada entre tasa y recursos propios según la situación económica y social de cada localidad.

Asimismo, Vox propone instar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a apoyar esta reforma y promover una posición común de los gobiernos locales en defensa de la autonomía financiera municipal. Finalmente, la Declaración Institucional pide trasladar la iniciativa al Gobierno de España, a los ministerios implicados, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, para asegurar su conocimiento y tramitación.