Vivienda
El PSPV y Compromís se suman a la polémica de los minipisos y la llevan al pleno de Castelló
Los dos grupos de la oposición han registrado una moción conjunta para "frenar la proliferación de bajos comerciales convertidos en infraviviendas"

Obras de minipisos en bajos comerciales en una finca del Raval Universitari. / Mediterráneo

La polémica de los minipisos en bajos comerciales sigue viva. Y en esta ocasión, de la mano de los grupos municipales de Compromís y el PSPV en el Ayuntamiento de Castelló, que han registrado una moción conjunta para frenar la proliferación de estas infraviviendas en la ciudad, de cuya existencia se ha hecho eco el periódico Mediterráneo en los últimos días ante las quejas de vecinos de diferentes barrios.
"Esta situación se está extendiendo por varias zonas y ha generado un creciente malestar vecinal ante la falta de respuesta del gobierno municipal del Partido Popular", ha explicado tanto el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, como la portavoz socialista en el consistorio, Patricia Puerta, quienes han presentado una moción para el próximo pleno del 29 de enero. La iniciativa reclama que sea obligatoria la autorización expresa de las comunidades de propietarios en todas aquellas obras que afecten a estructuras, instalaciones o servicios comunes de los edificios, con el objetivo de evitar conflictos vecinales y prácticas irregulares y plantea medidas concretas como reforzar las inspecciones urbanísticas, revisar de manera sistemática las denuncias del vecindario, paralizar y sancionar las obras que no cumplan la normativa, establecer una moratoria inmediata a este tipo de conversiones y ampliar la reglamentación del Plan General para garantizar el desarrollo comercial y la convivencia.
Con todo, Compromís y el PSPV insisten en que el Ayuntamiento debe asumir un papel activo ante esta situación que está alterando la naturaleza de los barrios, eliminando los negocios de proximidad y dificultando el acceso a una vivienda digna. Frente a ello, reclaman una actuación decidida para poner límites a la especulación.
Garcia ha advertido que pagar "más de 120.000 euros por vivir en una infravivienda de 30 metros cuadrados en un bajo comercial no puede considerarse nunca una solución habitacional para una familia”. Ha señalado, asimismo, que esta dinámica está comportando, además, problemas de convivencia en los edificios y una degradación progresiva de diferentes barrios, y ha destacado que el problema no es que alguien quiera hacerse una vivienda, sino que “la especulación y el aumento del precio de la vivienda están favoreciendo la conversión masiva de bajos comerciales ante la inacción del Ayuntamiento”.
Por su parte, Puerta, ha afirmado que la alcaldesa, Begoña Carrasco, "sigue mirando hacia otro lado pese a la proliferación de bajos comerciales convertidos en infraviviendas”. "Llevamos meses denunciando esta situación, muy presente en toda la zona del Raval Universitario, pero que ya se está extendiendo por toda la ciudad, sin que Carrasco tenga ninguna intención de actuar”, ha concluido.
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