Acuerdo institucional en Castelló para la defensa de la pesca, la agricultura y ganadería, la inclusión social y contra el cáncer de cuello uterino

Toda la corporación municipal ha mostrado este jueves su apoyo conjunto a la defensa del sector pesquero de Castelló y a la adaptación del reglamento de control de la pesca de la Unión Europea, además de a los sectores productivos, el medioambiente, la soberanía alimentaria y el control democrático ante el acuerdo comercial UE–Mercosur que preocupa al sector agrícola y ganaderos y por los que ha instado al Gobierno central a que exija a la Comisión Europea las cláusulas de salvaguarda e inspecciones en origen, con el objetivo que se cumplan las exigencias fitosanitarias y medioambientales que se exigen a la UE. Junto a estas dos declaraciones institucionales que han propiciado el acuerdo institucional, tanto el PP como Vox, el PSOE y Compromís también se han unido por el mes de la concienciación sobre el cáncer de cuello uterino a cuya conmemoración se ha unido el Ayuntamiento de Castelló para dar visibilidad a esta enfermedad, así como promover la prevención y el diagnóstico precoz a través de campañas informativas, mostrando apoyo a las mujeres enfermas así como a sus familias y entorno.

Impulsar los contratos reservados a empresas de inclusión social en el consistorio también ha sido secundado por los cuatro grupos municipales . Por este motivo, el consistorio hará un estudio de mercado para el Plan Anual de Contratación con el fin de que estos contratos no se queden desiertos.

Sin embargo, la moción de Compromís que pretendía frenar la construcción de minipisos en bajos comerciales, no ha salido adelante. Si bien el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado la necesidad de que estas obras cuenten con el permiso de la comunidad de vecinos "porque esta situación actual da paso a la especulación y cambia la fisionomía del barrio", el socialista Jorge Ribes ha destacado "la problemática social y urbanística que supone esta situación". Por su parte, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha acusado al anterior gobierno de no hacer nada a este respecto durante ocho años y ha recordado que el marco legal que ampara esta situación fue aprobada por el PSOE y Podemos en 2023. Toledo ha destacado que las quejas al respecto "se han solucionado" y que el Acord de Fadrell concedió 15 licencias en seis meses para este cambio de uso. Finalmente, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha destacado que el Ayuntamiento "no puede paralizar una obra por sospecha de irregularidad".

Apoyo a los venezolanos

Durante el pleno también ha salido adelante, con los votos a favor del PP y Vox, la enmienda de apoyo a los ciudadanos venezolanos residentes en el municipio de Castelló y que han agradecido los representantes de las dos asociaciones con sede en la capital de la Plana. Frente a la defensa que ha realizado de este texto tanto el portavoz de gobierno, Vicent Sales, como el portavoz adjunto de Vox, Alberto Vidal, la oposición, José Luis López, del PSOE, y Pau Sancho, de Compromís, han acusado al gobierno local de "buscar la manipulación política" y de hacer "partidismo con el dolor para sacar rédito político", respectivamente.

Por su parte, Sales ha destacado que la moción aprobada recoge que el ejecutivo municipal, a través de la concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad, "se compromete a ayudar a la población migrante venezolana a facilitar información y orientación administrativa, dentro de las competencias municipales, a los venezolanos residentes legalmente en Castellón" y ha afirmado que "Zapatero ha sido el blanqueador de la tiranía chavista". Una afirmación que ha rebatido el socialista López, quien ha instado al equipo de gobierno a "desbloquear la lista de espera de más de 800 solitudes de arraigo" que existen ahora. Sin embargo, y pese al confrontamiento político, los cuatro representantes han mostrado su apoyo a los venezolanos.