Vox Castellón exige poner freno a la regularización masiva de inmigrantes ilegales

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha anunciado este martes que su grupo municipal presentará una iniciativa dirigida al pleno que busca instar al Gobierno nacional a frenar "la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, así como a implementar políticas migratorias ordenadas y acordes a las necesidades de España para proteger a los españoles". La propuesta también solicita medidas de repatriación, control de ayudas sociales y sanciones contra la inmigración ilegal.

El pasado 26 de enero de 2026, el Gobierno de España anunció un acuerdo para regularizar a más de 500.000 inmigrantes mediante Real Decreto, evitando deliberadamente el debate y votación en el Congreso de los Diputados. "Esta medida se suma a un patrón histórico de regularizaciones masivas promovidas por el bipartidismo desde 1985, que no ha resuelto la inmigración ilegal y ha generado tensiones sociales, sobrecarga de los servicios públicos y efectos negativos sobre la seguridad y la convivencia", ha remarcdo el edil.

Según Ortolá, "la regularización masiva de inmigrantes ilegales solo incentiva nuevas llegadas, debilita la legalidad y perjudica a los españoles que cumplen las normas. No podemos permitir que la seguridad, el bienestar y las pensiones de nuestros ciudadanos queden en manos de políticas improvisadas que favorecen la inmigración irregular. Por ello, presentamos esta iniciativa con el objetivo de que el resto de las formaciones políticas se unan para instar al Gobierno de Sánchez a frenar esta regularización masiva”. 

14 propuestas de acuerdo

En este sentido, la iniciativa registrada por el grupo municipal de Vox recoge un total de catorce medidas concretas orientadas a reforzar el control migratorio, garantizar la prioridad nacional y preservar la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Entre ellas, se incluye, según ha explicado Ortolá, el rechazo expreso a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación ilegal impulsada por el Consejo de Ministros, así como la solicitud de una auditoría exhaustiva de todas las concesiones de nacionalidad otorgadas en los últimos años. Asimismo, se insta al Gobierno nacional a suprimir la figura del arraigo como mecanismo para legalizar situaciones derivadas de entradas irregulares y a introducir las reformas necesarias para impedir fraudes de ley en la tramitación de expedientes de extranjería o solicitudes de asilo.

Las medidas propuestas contemplan también la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España, incluyendo a los menores extranjeros no acompañados para su retorno con sus padres a sus países de origen, así como la deportación de cualquier inmigrante, legal o ilegal, que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida. Del mismo modo, VOX solicita el endurecimiento de las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y sus colaboradores, la eliminación de subvenciones a asociaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten la inmigración ilegal, y la suspensión de la cooperación al desarrollo con aquellos países que no colaboren activamente en la gestión de los flujos migratorios.

La propuesta incluye igualmente el establecimiento de la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos, condicionando el acceso de los inmigrantes legales a sus años de cotización, así como la remigración de aquellos extranjeros que no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional y vivan de las ayudas sociales. Además, se plantean incentivos y bonificaciones fiscales para fomentar la contratación de españoles, junto con la aplicación de criterios de reciprocidad frente a países que restrinjan la contratación de ciudadanos españoles.

Por último, Vox quiere que el Ayuntamiento de Castelló inste al Gobierno nacional y autonómico a poner fin a lo que considera políticas de “efecto llamada” y a cualquier iniciativa que contemple más inmigración en el actual contexto de emergencia habitacional, inseguridad, dificultades de acceso al empleo y saturación de los servicios públicos. Asimismo, la formación propone que el consistorio suprima toda ayuda o beneficio social a inmigrantes en situación ilegal —salvo las ayudas humanitarias básicas hasta su devolución— y refuerce los mecanismos municipales para garantizar que las subvenciones relacionadas con inmigración tengan como destinatarios finales a personas en situación de acreditada legalidad.