Sigue la polémica de la okupación en Castelló: Vox culpa a Pedro Sánchez y exige la reforma de las leyes

Sigue la polémica sobre la okupación de viviendas en Castelló después de que en el último mes, la Policía Local, con la colaboración ciudadana, haya evitado tres entradas ilegales en otros tantos inmuebles, haya desalojado otro en la Marjaleria y trabaja en regularizar la situación de otras tres casas donde unas familias residen de forma ilegal en la Cuadra Natora.

Así, y con el fin de evitar estas situaciones que causan malestar e inseguridad entre los vecinos que las sufren, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló presentará una declaración institucional para ser aprobada en el pleno de la semana que viene "con el fin de reforzar la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la convivencia vecinal frente a la ocupación ilegal de inmuebles", según ha confirmado su portavoz, Antonio Ortolá. La iniciativa del partido de Abascal insta al Gobierno de España que preside Pedro Sánchez a impulsar una profunda reforma legislativa que permita agilizar la recuperación de las viviendas okupadas ilegalmente, dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un marco jurídico más claro y eficaz para actuar desde el primer momento.

"La okupación no es una alternativa de acceso a la vivienda"

Para Ortolá, "la okupación ilegal nunca puede convertirse en una alternativa de acceso a la vivienda ni justificarse bajo ningún pretexto. La obligación de atender a las personas en situación de vulnerabilidad corresponde a las administraciones públicas mediante políticas sociales y de vivienda eficaces, pero nunca trasladando esa responsabilidad a los propietarios, que son las verdaderas víctimas de esta situación".

El texto, que deberá contar con el apoyo de los cuatro grupos políticos con representación en el consistorio (PP, Vox, PSOE y Compromís), recuerda que la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y sostiene que dicho derecho debe ser protegido con la misma firmeza con la que las administraciones atienden las situaciones de exclusión social. Además, pone de manifiesto que, pese a las últimas modificaciones legales, "la usurpación de inmuebles continúa tramitándose en la mayoría de los casos como un delito leve, lo que dificulta una actuación suficientemente rápida y eficaz" y reclama la derogación de la actual Ley de Vivienda, el fin de las suspensiones extraordinarias de lanzamientos cuando beneficien a personas que okupan inmuebles sin título habilitante y la aprobación de una normativa que permita recuperar con mayor rapidez las viviendas okupadas ilegalmente.

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