La problemática del amianto vuelve a la actualidad y piden medidas para erradicarlo en Castelló

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló defenderá en el pleno del próximo jueves una moción para poner en marcha el plan Castelló Sense Amiant, una iniciativa con la que pretende que el ayuntamiento afronte un problema que afecta a numerosas viviendas, además de naves agrícolas y ganaderas e instalaciones industriales de la ciudad. La concejala socialista Mónica Barabás denuncia que el gobierno de Begoña Carrasco "lleva instalado en la propaganda tres años mientras no resuleve problemas, como el hecho de actuar contra el amianto en numerosos edificios de Castelló".

Barabás recuerda que la legislación estatal obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario para su retirada, una planificación que Castelló tiene que desarrollar. "No hablamos de una cuestión estética, sino de salud pública. El amianto envejece, se degrada y puede liberar fibras altamente peligrosas", señala la edil socialista.

La concejala destaca que el problema afecta especialmente a barrios con viviendas antiguas, donde muchas familias no pueden asumir el elevado coste que supone retirar este material por empresas autorizadas. A ello se suman numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas que todavía conservan cubiertas de fibrocemento cuyo reemplazo resulta inasumible para muchos propietarios.

Mientras otros municipios ya están desarrollando planes específicos para eliminar el amianto, “en Castelló seguimos sin una hoja de ruta y sin ayudas municipales para quienes quieren retirar este material peligroso de sus viviendas o negocios", lamenta Barabás.

Frente a esa falta de iniciativa, la moción socialista plantea la creación del plan municipal Castelló Sense Amiant, que incluye la elaboración de un inventario georreferenciado de todos los elementos con amianto, campañas informativas para la ciudadanía, una oficina de asesoramiento para ayudar a tramitar subvenciones y una línea municipal de ayudas destinada a viviendas, comunidades de propietarios, explotaciones agrícolas y ganaderas e instalaciones industriales. También propone negociar precios reducidos con empresas autorizadas y establecer bonificaciones en el ICIO y el IBI para incentivar la retirada del amianto.

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