El sector azulejero castellonense se siente maltratado por la Administración al no reconocer que el proceso de descarbonización que ahora se reclama desde Europa a todo tipo de industria, el azulejo ya lo llevó a cabo décadas atrás como muestra de su compromiso con el medio ambiente. «En los años 80, el sector cerámico desarrolló toda la revolución tecnológica que hizo posible que las emisiones se redujesen un 52%», explica el vicepresidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Francisco Ramos, quien subraya que «este proceso no se puede prolongar en el tiempo porque la principal revolución se realizó entonces».

En este sentido, Ramos puntualiza que el mercado regulado del carbono «se nos está volviendo muy en contra» y explica que en 2019 el precio por tonelada de carbono era de 25 euros «y en la actualidad estamos en 66 euros por tonelada. Incluso pensamos que pueda llegar a los 100 por tonelada a final de año. Y esto, en condiciones normales que no nos dieran derechos de emisión, tendría un coste superior a 300 millones de euros. Esto equivale casi al 50% del coste energético total del sector. Nos iríamos a más de 1.000 millones de euros si tuviéramos que soportar los costes energéticos a precios actuales más las emisiones de carbono». Además, Ramós puntualiza que los derechos de emisión gratuitos «no son suficientes» y lamenta que en el actual quinquenio se han reducido un 16%.

En esta línea, Ramos afirma que el comercio de emisiones «es un mercado que se ha convertido en puramente especulativo y no sabemos a dónde se dirige todo el dinero». Además, asegura que se trata de una espada de Damocles, «ya que actualmente tenemos derechos de emisión gratuitos del orden del 65% y el 70% de costes gratuitos, pero si no se prolonga para el próximo quinquenio vamos a pasar por momentos muy complicados teniendo en cuenta, además, que nuestros principales competidores como Turquía, China o India no están inmersos en este proceso».

Las cifras

El coste de la energía, según los datos facilitados por el vicepresidente de Ascer, «suponía en 2020 alrededor del 30% de nuestras ventas, unos 480 millones de euros: 370 millones de gas y 110 millones de energía eléctrica. Y estimamos que, en 2021, el gas se situará en 555 millones, un 50% más, y la factura eléctrica se duplicará y pasará a elevarse a 216 millones de euros. Es decir, el coste energético total será de 770 millones contra 480 millones en 2020, un incremento del 61% que va a hacer que nos tengamos que estrujar mucho y acudir a la búsqueda de energías alternativas».

Ramos afirma que en España «estamos pagando unos peajes más caros que otros países europeos en cuanto a la distribución del gas y la Administración tendrá que plantearse que haya una reducción en este sentido. Nuestro consumo de gas es el 50% del consumo energético en la Comunitat Valenciana y somos el 7% del consumo industrial de España. Otra espada de Damocles es el trato a los cogeneradores. Tenemos 28 instalaciones de cogeneración de las cuales 8 terminan su vida útil este año y esperamos que les concedan renovación porque será una pérdida importante. Tenemos una cogeneración de alta eficiencia, con un rendimiento del 87%».

Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc) se reconoce que la situación es igual de complicada y se exige «la necesidad de realizar una transición energética y tecnológica que sea sostenible y no penalice la rentabilidad de las empresas», según señala su secretario general, Manuel Breva, quien advierte del peligro de la deslocalización de la industria europea si los costes son excesivos y solicitaron nuevamente «que no se grave a la industria con tasas o impuestos que supongan incrementos de costes añadidos y pérdida de competitividad con respecto a los competidores internacionales».

Transición energética

Desde Anffecc «abogamos por una transición energética sostenible y una política medioambiental que tenga en cuenta la realidad de la industria y sus necesidades. Por ello pedimos que se den unos plazos coherentes y realistas para poder llevar a cabo la descarbonización de los procesos productivos con total garantía y sin penalizar nuestra actividad ni nuestra rentabilidad, que es clave para mantener la inversión en I+D+i y nuestro liderazgo internacional», puntualiza Breva.