El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de Emilia Romaña, Stefano Bonaccini, han acordado pedir una reunión con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, para visibilizar la "inaguantable" situación del sector de la cerámica.
Puig y Bonaccini han escenificado en Bolonia el "frente común" de ambas regiones para reclamar acciones y ayudas a la Unión Europea ante los altos costes que afronta el sector cerámico, que prevé que su factura energética se doble este año.
El president, Ximo Puig, ha explicado que el aumento de costes hace que ahora mismos se esté "jugando el futuro del tejido industrial" de ambas regiones, por lo que trabajarán en esta "acción conjunta en Bruselas" también con las patronales.
Por otra parte, antes de que acabe el año, las dos regiones firmarán un nuevo convenio de colaboración que sustituya al vigente desde hace 30 años y que será "más ambicioso" para trabajar en común en programas europeos conjuntos e intercambios de estudiantes de formación profesional, entre otros.
Igualmente, ambos presidentes se han comprometido a "buscar puntos de conexión" en el marco del "espíritu europeo" de ambas regiones, particularmente tras la victoria de la coalición encabezada por la extrema derecha de Giorgia Meloni.
Los presidentes de ambas regiones se han reunido este miércoles en Bolonia en el marco de la feria Cersaie, una cita a la que acude gran parte del sector cerámico de la provincia de Castellón. La Comunitat Valenciana y Emilia Romaña son las dos principales regiones azulejeras de la Unión Europea; en el caso valenciano, la cerámica representa un 14% del PIB y 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Más de 2.000 millones de factura energética
Emilia Romaña presenta un ecosistema empresarial similar al de la provincia de Castellón en el que la cerámica y las industrias relacionadas concentran buena parte de la actividad económica. Sin embargo, la región italiana afronta mayores problemas, al no haberse convocado todavía las ayudas a la cogeneración ni poderse acoger a la excepción ibérica.
En ambos casos, las empresas del sector afrontan unos costes de producción galopantes. Solo en 2021, en la Comunitat Valenciana, se incrementó un 142% la factura del gas; un 94% la de la electricidad y se multiplicaron por seis los costes de los derechos de emisión de CO2, según datos de la patronal Ascer.
En concreto, la factura energética del sector en 2021 escaló hasta los 1.000 millones, y para 2022 se prevé que se doble, más allá de los 2.000 millones de euros, para un sector que tiene una facturación de unos 5.000 millones, lo que hace que a algunas empresas no les salga a cuenta fabricar.
Además, se enfrenta a la competencia de países en los que no se pagan derechos de emisión, como Marruecos o Turquía, y en breve caducará el acuerdo 'antidumping' con China, lo que podría complicar la situación. Como paradoja, la demanda crece y el sector continúa exportando, pero los costes de producción complican la actividad de las fábricas.
El sector afronta una transición energética con alternativas, como el hidrógeno verde, que todavía no están suficientemente desarrolladas y que suponen un coste elevado.
