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Retrasos en un mecanismo de competitividad

La batalla política vuelve a dejar a la cogeneración cerámica en el limbo

La falta de entendimiento entre partidos deja las mejoras encima de la mesa

Imagen de archivo de Pamesa, una de las empresas azulejeras de Castellón afectadas por los retrasos en la cogeneración.

Imagen de archivo de Pamesa, una de las empresas azulejeras de Castellón afectadas por los retrasos en la cogeneración. / Mediterráneo

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Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

El desbloqueo a las medidas para garantizar el futuro de la cogeneración eléctrica -un mecanismo utilizado de forma amplia por la industria cerámica de Castellón- se asemeja al cuento de nunca acabar. El 12 de diciembre, el Congreso de los Diputados tenía que votar una serie de cambios en la legislación sobre el sistema eléctrico. Entre ellos, una propuesta para ampliar la vida útil de las plantas de cogeneración. Según señalaba la asociación que agrupa a estas empresas, Acogen, «más de 150 industrias nacionales y 40.000 empleos industriales estaban pendientes de la votación».

Entre las firmas citadas por este colectivo está la azulejera Pamesa. Su presidente, Fernando Roig, ha reivindicado en diferentes ocasiones la situación de incertidumbre en la que se encuentran. En marzo, durante la presentación de resultados del grupo, recordó que disponen de «100 megavatios instalados en todas nuestras plantas», pero que la tercera parte de las instalaciones ya han cumplido más de 25 años, por lo que no entran en el sistema de retribuciones por producir electricidad. «No podemos utilizar esos 33 megavatios, porque al no tener régimen no son rentables y no podemos invertir en nuevos equipamientos», a la espera de que se resuelva una subasta de 1.200 megavatios que lleva tres años de retraso.

Sin nueva fecha

Cuando parecía que por fin se veía una solución, el asunto se quedó encima de la mesa. Por el momento sin una nueva fecha a la vista. La petición, que fue elevada por los grupos parlamentarios de Junts y Esquerra, contaba en un principio con el respaldo de la mayoría de partidos, mediante una modificación de la ley 1/2005.

La falta de estabilidad parlamentaria del Gobierno impidió este avance. Dentro de la misma ley se incluyeron dos enmiendas para suspender el impuesto a la producción eléctrica, debido a la propuesta del Partido Popular y Junts, con el respaldo del PNV. Ante la previsible derrota del bloque del gobierno (PSOE-Sumar), el asunto no se llegó a votar.

Conjunto del sector

Si bien Acogen hace mención expresa a la situación de Pamesa, el problema está extendido al conjunto de la industria cerámica de Castellón. La patronal de los fabricantes, Ascer, indica que con el cambio de año agotan su vida útil 12 instalaciones, lo que supone una pérdida total del 37% de capacidad de producción. La actual indefinición sobre los próximos pasos del Gobierno aboca a la incertidumbre. Las empresas que no pueden disponer de retribuciones pierden una vía de ingresos adicionales y de competitividad, y no hay garantías de que la puesta en marcha de nuevas plantas cogeneradoras sea la solución, al no saber los planes de las autoridades sobre una tecnología empleada en toda la industria europea.

La cogeneración aprovecha el calor sobrante de procesos como el tratamiento de las arcillas para su utilización en la cerámica, o la propia acción de los hornos azulejeros. Unos procesos que requieren de elevadas temperaturas. Con este sistema se permite generar electricidad y verterla a la red general, por lo que la cogeneración tiene derecho a retribuciones, como es el caso de las renovables.

Tres años de caída

Los problemas de la cogeneración tienen su reflejo en la producción eléctrica. Las cifras de Acogen muestran que Castellón generó 520.167 megavatios hora de enero a septiembre, con una disminución del 14,30%. En todo el 2022 la caída fue del 29,02%, mientras que al año siguiente siguió por encima del doble dígito, (-16,17%). La incertidumbre hará que la cogeneración siga bajando, a pesar de que la cerámica apunta a una mejora de la producción. La solución debe llegar, sobre todo, mediante el desbloqueo legislativo.

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