Pánico en la cerámica de Castellón: la nueva legislación energética se comerá hasta el 80% de su beneficio neto

Una representación del sector cerámico español se encuentra en Bruselas para participar en una nueva edición de los European Ceramic Days, organizados por la federación europea de cerámica, Cerame-Unie. La delegación de la patronal española, Ascer, está encabezada por su presidente, Ismael García Peris, y su secretario general, Alberto Echavarría. También asiste Raúl Carnicer, vocal de la Junta Rectora de Ascer y actual vicepresidente de la federación europea CET.

En esta cita se expondrán los principales problemas que afronta la industria, que advierte de la deriva regulatoria de las instituciones y de cómo estas decisiones repercuten en las cuentas de resultados.

Impacto económico en la industria

Los fabricantes españoles, concentrados en su mayor parte en Castellón, van a plantear dos inquietudes destacadas. La primera es la supresión progresiva de los derechos gratuitos de emisión de CO₂, ya que la propuesta preliminar de la Unión Europea para el periodo 2026-2030 supondrá una disminución del 34%. El recorte para la industria azulejera "supondría un coste anual por CO₂ de entre 109 y 163 millones de euros", exponen desde Ascer, en el supuesto de que el precio de la tonelada sea de entre 100 y 150 euros.

La segunda preocupación tiene que ver con el Gobierno español y la reducción del 37,5% en la retribución destinada a las plantas de cogeneración, "que supone otros 30 millones de euros anuales", según la organización.

Advertencias a Bruselas

El incremento del gasto por emisiones y la merma de ingresos procedentes de la cogeneración elevarían la carga regulatoria hasta los 200 millones de euros al año, una cifra que afectará directamente a la rentabilidad del tejido productivo. "Estos costes regulatorios equivalen entre el 60% y el 80% del beneficio neto de toda la industria española fabricante de baldosas", cuyo margen medio en 2020-2022 fue —según Acimac— del 5%. "Esto implica que gran parte de la rentabilidad del sector queda absorbida y amenaza la continuidad de numerosas empresas", apunta la patronal azulejera.

Ascer destaca que la industria aplica las técnicas energéticas más eficientes disponibles y que actualmente no existen soluciones técnicas viables para sustituir el gas natural en el corto y medio plazo. Por ello, considera que incrementar las cargas económicas "a los sectores más eficientes no reduce emisiones a escala global", sino que debilita a las industrias europeas líderes, limita su capacidad de inversión e impulsa la entrada de productos procedentes de países con estándares ambientales y laborales muy inferiores.

Riesgo de cierres y deslocalización

El secretario general de la entidad, Alberto Echavarría, afirma que "la transición verde no se puede construir destruyendo a quienes ya son referentes en sostenibilidad", y advierte de que "Bruselas nos exige avanzar hacia un objetivo imposible por un camino que no existe; continuar con ese argumento es acabar con el sector".

Las medidas que propone la industria al Gobierno y a la UE pasan por aplazar el recorte de asignaciones gratuitas hasta que existan opciones tecnológicas reales, incluir a la cerámica en las compensaciones por costes indirectos y reducir las cargas administrativas de las pequeñas y medianas empresas. También reclaman "una retribución adecuada a la cogeneración", garantizando un marco estable que no penalice a una tecnología clave para la eficiencia energética y la competitividad del sector.

Sector estratégico en Castellón

De lo contrario, advierten de que la pérdida de competitividad provocará el cierre de plantas productivas, la destrucción de empleo industrial estable y la deslocalización hacia países con menores exigencias ambientales.

La actividad cerámica aporta el 32,2% del PIB de Castellón, además de 16.000 empleos directos y 90.000 indirectos, lo que confirma su papel estratégico en la economía provincial.

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