La cerámica recibe una buena noticia de Industria, pero insuficiente ante el tsunami de sobrecostes de Europa

La industria cerámica de Castellón no deja de mirar a Bruselas ante cualquier cambio normativo que pueda afectarles. Una mirada que se ha incrementado en las últimas semanas, ante la pretensión de la Comisión Europea de recortar las asignaciones gratuitas de CO2 a partir del próximo año y hasta 2030. Una medida que supondrá un aumento de costes de unos 150 millones de euros anuales, según indicó el presidente de la patronal Ascer, Ismael García Peris.

Mientras se está a la espera de la decisión final, y se trata de buscar el respaldo del Gobierno español ante los dirigentes comunitarios, el Ministerio de Industria dio a conocer una noticia positiva en el terreno normativo, que supondrá un ahorro al sector.

Compensaciones por costes eléctricos

Según explica este departamento, "hemos estado liderando la revisión de las compensaciones de costes indirectos por CO2 y en esta última revisión se ha incluido al sector cerámico". Según detalla el ministerio, el mecanismo se refiere a las "emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad", y busca de esta manera compensar la pérdida de competitividad que tienen las industrias europeas frente a sus contrincantes no europeos, que no están sometidos a estas regulaciones.

Se trata de un elemento positivo, aunque desde Ascer puntualizan dos aspectos. En primer lugar, la inclusión de la cerámica española debe contar con el visto bueno de la Unión Europea. "Es posible que finalmente nos excluya", detallaron fuentes de la patronal azulejera.

Impacto económico limitado

Además, ya se han hecho cálculos sobre el ahorro real que supondría esta medida para los fabricantes de cerámica. "Unos 20 millones de euros", mencionan desde Ascer. Una cantidad inferior a los 30 millones que los productores dejarán de percibir con el cambio a la baja de las retribuciones por la cogeneración, y que queda muy por debajo de la horquilla de entre 109 y 163 millones de euros que deberán pagarse de más por los derechos de emisión de CO2.

Tanto los fabricantes españoles como los italianos ya han expuesto en un reciente encuentro en Bruselas su temor a esta medida, ya que en estos momentos no hay tecnología lo bastante madura como para sustituir el gas por electricidad o hidrógeno.

Riesgo de deslocalización

Por ello, consideran que el efecto final de la medida será el cierre o traslado de plantas productivas europeas, en beneficio de sus competidores en otras partes del mundo, que no cuentan con las normativas de sostenibilidad ambiental de la UE.

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