La cerámica de Castellón espera dos reuniones para exponer sus preocupaciones ante Europa

Hay que retroceder cuatro años para ver una reivindicación tan intensa del sector cerámico de Castellón. En aquella ocasión, fue por el aumento de los costes de la energía. Ahora, por las nuevas medidas de la Unión Europea, que quiere reducir de manera drástica las emisiones gratuitas de CO2 a los sectores industriales como el azulejo. Lo hace para animar a las fábricas a la descarbonización de sus procesos, pero el problema es que no hay una tecnología lo bastante madura ni competitiva para dar el paso.

Algo que saben la mayoría de las instituciones y formaciones políticas, que se han posicionado en los últimos días a favor de la principal actividad económica de Castellón. Pero aún hay puertas a las que llamar en estos días.

Una maratón de reuniones

En apenas seis semanas, representantes de la agrupación de fabricantes, Ascer, han mantenido un total de 18 reuniones con todo tipo de personalidades para hacer llegar su preocupación. Una inquietud que se traduce en una horquilla de costes de entre 109 y 163 millones de euros anuales. La Unión Europea propone reducir en un 34% las asignaciones gratuitas de emisiones para el periodo 2026-2030.

Algo que impactaría en las cuentas de resultados de las empresas —algunas con beneficios notables, otras no tanto— y que sería un lastre para realizar nuevas inversiones en sostenibilidad. De todos estos encuentros, el más relevante es el mantenido la pasada semana con el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga. Sin aportar demasiados detalles, el Ministerio expuso "el compromiso de acompañar en Europa al sector para defender cuestiones relacionadas con su competitividad", aludiendo a la "dificultad estructural para llevar a cabo un proceso de descarbonización de la industria cerámica por falta de madurez tecnológica".

Apoyos políticos y silencios

Horas más tarde, fueron representantes del Partido Popular los que visitaron la sede de Ascer para anunciar que trasladarían al Parlamento Europeo esta amenaza para un sector que genera más de 20.000 empleos directos en la provincia más industrializada de España. La eurodiputada Susana Solís mencionó que reclamarían calcular "la flexibilidad que tendríamos que dar en esa reducción de las emisiones gratuitas".

A este clamor ya se habían unido diferentes consellerias de la Generalitat, la Diputación de Castellón, así como el Partido Socialista y Compromís. Antes que ellos, hubo una reunión con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Todos dicen estar de acuerdo con la posición de Ascer.

A la espera de Transición Ecológica

Pero hay instituciones que se mantienen en silencio. Una de ellas es el Ministerio para la Transición Ecológica, con competencias en materia energética. No ha trascendido cuál es su postura ante la preocupación del sector, ni ha contestado a las preguntas formuladas desde este periódico. Precisamente, la anterior titular del ministerio, Teresa Ribera, ocupa ahora altas responsabilidades en la Comisión Europea, administración que tiene la última palabra sobre los derechos de emisión de CO2.

Desde Ascer indican que las reuniones con la ministra Sara Aagesen y la comisaria europea Teresa Ribera "están solicitadas para informarles de la situación", aunque no hay fechas fijadas. A este frente se suma la propuesta de recortar las retribuciones a la cogeneración, con una merma estimada de 30 millones de euros anuales. Una decisión que depende exclusivamente de Transición Ecológica, y que ya ha recibido un informe negativo de la CNMC, al considerar que los cálculos perjudican a la cogeneración.

No están solos en Europa

La inquietud por Bruselas es compartida por el sector azulejero italiano. Su patronal, Confindustria Ceramica, afirma que el sistema europeo de comercio de emisiones "impone costes desproporcionados a sectores como la industria cerámica, que ya operan con los más altos estándares ambientales y de seguridad". No aplican nuevas tecnologías porque estas "no están maduras".

Una de las consecuencias sería la deslocalización industrial, con perjuicios tanto para el medio ambiente como para la economía europea. Por ello, reclaman aplazar la reducción de las asignaciones gratuitas prevista para 2026, "hasta que se introduzcan medidas correctoras y se adecúen a los tiempos reales de desarrollo tecnológico". Ante estas posturas casi unánimes, el presidente de Ascer, Ismael García Peris, confía en que se atiendan las reivindicaciones, aunque recuerda que hace cuatro años la respuesta fue menor de la esperada, con ayudas por debajo de lo reclamado.

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