El pánico de la cogeneración llega hasta el Congreso: la cerámica ya ha perdido el 40% de sus plantas en los últimos años

La industria cerámica de Castellón ha comenzado el año con una gran cantidad de preocupaciones por atender. El mercado de EEUU mantiene un pulso débil tras los aranceles de Trump, Bruselas no atiende las peticiones de dar más tiempo a la transición energética, y la guerra en Oriente Medio perjudica a los clientes en esa zona del mundo, mientras se encarecen los costes del gas y la logística. Todo esto lastra la cuenta de resultados de un sector del que dependen unas 70.000 familias de la provincia, entre empleos directos e indirectos.

Estos problemas se deben a medidas tomadas a muchos kilómetros de nuestro país, pero hay otras que dependen del Gobierno de España. Es el caso de la cogeneración, el método que emplean fábricas de toda España mediante la transformación de la energía residual de sus procesos productivos en electricidad. Una actividad que les permite obtener recursos adicionales y mejorar su competitividad.

La cogeneración, pendiente de respuesta

La normativa sobre cogeneración lleva años pendiente de actualizarse, pero desde el Ejecutivo español no se toman medidas al respecto para desesperación de las patronales industriales. Han pasado cinco años desde que se anunció una subasta de 1.200 megavatios de potencia, como incentivo para la inversión en nuevas instalaciones. En cambio, lo que ocurre es que cada vez son más las plantas que agotan su vida útil -que está tasada en 25 años- sin que se prevea un relevo.

Esto tiene un efecto directo en el azulejo castellonense. Según detalló el pasado año la asociación de fabricantes, Ascer, de todas las plantas del sector, el 37,5% ya ha agotado su vigencia. La reclamación sobre la falta de actuaciones del Gobierno es una constante de las presentaciones de resultados del principal fabricante de cerámica de Europa, el grupo Pamesa. Su presidente, Fernando Roig, explicó días atrás que la única novedad "es que estamos igual que el año pasado". Pamesa reúne 100 megavatios de potencia instalada, "de los cuales el 30% de estas instalaciones han agotado su vida útil", añadió Roig.

Propuesta para evitar cierres

Para tratar de desbloquear la situación, asociaciones como la que representa a la cogeneración a nivel nacional, Acogen, han remitido una propuesta conjunta a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, con la finalidad de establecer una medida "que permita prorrogar temporalmente la actividad de instalaciones industriales que han agotado o agotarán próximamente su vida útil regulatoria, para que puedan seguir operando hasta completar inversiones y participar en las próximas subastas que el Gobierno promulgará en junio".

La propuesta quiere "evitar cierres irreversibles" y pretende "garantizar la continuidad de más de un centenar de industrias pertenecientes a sectores estratégicos de la economía española", como la cerámica. En el conjunto de España, la mitad de las plantas de cogeneración ya están paradas, "y más de un centenar pararán entre 2026 y 2031 si no se adoptan soluciones transitorias", añade Acogen.

Riesgo para la industria española

"El Congreso tiene ahora la oportunidad de recuperar una medida que ya había generado un elevado consenso político e industrial y que puede evitar un mayor deterioro del tejido productivo aportando confianza para mantener e impulsar la industria en España", señala el director general de Acogen, Javier Rodríguez. "La clave es impedir que muchas instalaciones industriales y de gestión de residuos desaparezcan antes de poder acometer sus inversiones de renovación: mantener la competitividad es esencial en los actuales escenarios energéticos cambiantes", detalla, para concluir que con la caída de la cogeneración, "estamos perdiendo eficiencia energética, competitividad industrial y debilitando la operación del sistema eléctrico al mismo tiempo".

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