Industria
La Diputación de Castellón presenta alegaciones para defender a la cerámica en Bruselas
Ponen de manifiesto la importancia de este sector en la provincia
Marta Barrachina, en una visita a Bruselas en defensa de la cerámica. / Mediterráneo
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El 8 de abril concluye el periodo de alegaciones dentro del proceso público abierto por la Comisión Europea sobre los criterios del mercado de emisiones de CO2. La medida afecta de manera especial a sectores como la cerámica, porque le puede suponer un fuerte sobrecoste a las empresas, debido a la propuesta de recortar hasta en un 24% las asignaciones gratuitas de emisiones.
La patronal cerámica, Ascer, ya ha presentado sus alegaciones, en las que reclama que la industria azulejera europea tenga un epígrafe específico a la hora de hacer los cálculos. Una petición que se fundamenta en la inexistencia de alternativas técnicas maduras al uso del gas natural.
Alegaciones del sector
La Diputación de Castellón también ha participado en este procedimiento. Además de coincidir con Ascer en todo lo relacionado con las cuestiones técnicas, la alegación de la administración provincial pone de manifiesto la importancia que tiene la industria en este territorio. "Concentra el principal clúster europeo de fabricación de baldosas cerámicas. El sector representa aproximadamente el 25% del PIB industrial provincial y mantiene más de 70.000 empleos directos, indirectos e inducidos", expone el escrito.
La institución presidida por Marta Barrachina añade que el cambio propuesto desde Bruselas "supondría para las instalaciones cerámicas una pérdida de asignación gratuita estimada entre 109 y 160 millones de euros anuales, con consecuencias directas sobre su competitividad y sobre el empleo en el territorio". Además, destaca que documentos elaborados por centros de estudios de la propia institución comunitaria "reconocen que estas tecnologías no son técnica ni económicamente viables a escala industrial en la actualidad. Aplicar un benchmark calculado sobre tecnologías en esa situación genera un coste desproporcionado para un sector que no dispone de alternativas reales para reducir sus emisiones en el plazo considerado".
Seguridad jurídica
En su conclusión, la Diputación pone de manifiesto la necesidad de "garantizar la seguridad jurídica de las instalaciones y la coherencia con los principios de viabilidad tecnológica, proporcionalidad y eficiencia económica".
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