El Ayuntamiento tiene 50 teléfonos móviles por los que viene a pagar mensualmente unos 3.000 euros. Esta cifra suena desmesurada y lo preocupante es si realmente hay medio centenar de personas que trabajan para el consistorio y tienen que tener un móvil a cargo del erario público. El PP tiene 11 concejales y hasta la susodicha cifra restan 39 móviles, que alguien tendrá que justificar si realmente las personas restantes tienen la necesidad de tener teléfono móvil propio, dado el trabajo que desarrollan.
En la casa consistorial prácticamente todas las mesas tienen un teléfono. Cualquier funcionario puede utilizarlo, al igual que el político, dado que este servicio está también en todos los despachos. Ello supone que el buen o mal uso del móvil depende de la honradez de aquellos a los que se les ha adjudicado, sobre todo a la hora de hacer llamadas personales.
Cuando se hacen estas críticas sin entrar al fondo de la cuestión y sin dar los nombres o el porqué se les ha concedido el teléfono móvil gratuito, da la impresión de que la denuncia queda a mitad de camino, porque a lo mejor podrían haber sorpresas incluso para quienes han descubierto este desmadre de la telefonía. Y 50 es una cantidad a tener en cuenta.
