La sede de la Generalitat Valenciana en Castellón fue ayer el escenario de una reunión para tratar el conflicto generado por la ubicación de la depuradora de Peñíscola entre técnicos de la Conselleria de Infraestructuras, miembros de los partidos de la corporación y afectados por la expropiación de terrenos.
Según el portavoz de los vecinos, Vicent Ferrer, "se expuso que el emplazamiento no cumple con la ley y que, si se autoriza la construcción en el lugar previsto, se podrían detener planes de actuación integrada y licencias de obras". El alcalde Andrés Martínez comentó que "se está a expensas de un informe sobre las alegaciones, para saber si la postura de los vecinos tiene justificación", y anunció que en agosto habrá visitas a nuevas depuradoras para conocer su funcionamiento e impacto.
