Según el Plan Especial de Reserva del Suelo, en febrero de 1997, el precio que los técnicos municipales fijaron para los terrenos expropiados rondaba entre 10,85 y 11,42 euros el m, mientras la Junta Provincial lo fijó entre 11,42 y 13,22 euros.
Los propietarios recurrieron ante el TSJCV la tasación, que se multiplicó por seis. El consistorio, en un intento por evitar el pago de estas indemnizaciones millonarias, también las recurrió, pero la justicia dio la razón a los propietarios. Pero aún existe la posibilidad de anular el plan --pendiente de recurso en el Tribunal Supremo--, lo que puede llevar al pago de 6 millones de euros.
