La urbanización, aún pendiente, del tramo central de la avenida Constitución de Burriana, entre las calles Tales y Costur, se desbloqueó ayer con la apertura de la única plica presentada, que competirá con la encargada por el Ayuntamiento.

Esta actuación enfrenta desde hace años a los vecinos y motiva que nuevas unidades de ejecución estén desaguando a acequias al no estar resuelto todo el sistema de colectores.

La nueva propuesta parte de una Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) de los residentes que tienen que retirar los lindes de sus fachadas. Proponen un trazado desigual de ancho mínimo de 14,3 metros y un coste de 712.125,96 euros.

Por su parte, la idea municipal plantea toda la avenida de 18 metros, según el PGOU, con 766.964,57 euros. En tal caso, los afectados no sólo deberán retirar sus casas nueve metros, sino pagar al consistorio un excedente de vía pública de siete metros más, según el proyecto del abogado especializado en Urbanismo, José Luis Lorente Tallada.

Todo se remonta a 1973, cuando la avenida Constitución se diseñó como una alternativa a la del Mediterráneo, con un ancho de 32 metros. Entonces, los vecinos de una parte del vial se retiraron 16 metros y los del lado contrario nada, a la espera de que se urbanizara. En 1983, la calle se rediseñó y pasó a 18 metros de ancho en planos, lo que se mantuvo en el PGOU de 1995.

Para salvar el desajuste entre las alineaciones reales y las documentales se le encargó a Lorente un informe, el cual resolvió: "Hay que expropiar a los propietarios del lado este, hasta obtener el suelo necesario, y llevar la alineación nueve metros más atrás de la existente".

A los dueños del lado oeste se les propuso venderles los bienes sobrantes, hasta coincidir el linde con la alineación oficial del PGOU. Luego, el Ayuntamiento le encargó un proyecto administrativo para alinear que divide la zona en tres tramos. Los extremos se propone tramitarlos vía contribuciones especiales; y el tramo central, con 1.387 metros a expropiar a cinco propietarios, como si fuera un PAI.

Los vecinos del este, además de retirarse nueve metros, deberán pagar los siete restantes, al igual que lo harán los del lado contrario. El letrado entiende que, al proyectarse en 1973 el vial a 32 metros, estos pasaron a ser propiedad municipal.