El consistorio recordó que las construcciones no legalizables, hechas después del 31 de enero del 2004, se derribarán; mientras que las ilegales, a las que se les ha requerido parar, se precintarán por parte de la policía, y, si siguen, se trasladará al ámbito judicial. Asimismo, como representante vecinal, Arnau objetó: "La asociación de Santa Quiteria no ve que el proyecto de urbanización contemple la evacuación de las aguas pluviales".
