La afirmación del Ministerio de Medio Ambiente respecto a su intención de recuperar el dominio público marítimo-terrestre, que supondría el derribo de las viviendas en primera línea de costa, ha levantado todas las alarmas en Castellón. A pesar de que el ministro Jordi Sevilla garantizó que no se demolerá ningún chalet hasta el 2018, cuando termina la concesión, los municipios afectados --Nules, Moncofa, Xilxes, Almenara y Cabanes-- se apresuraron a manifestar su oposición frontal a la demolición de cualquiera de las 593 casas incluidas en el proceso.

La localidad más afectada es Nules, con 241 viviendas, de las que solo 79 cuentan con concesión administrativa, título que autoriza la ocupación hasta el año 2018. El alcalde, Salvador Górriz, insistió en que el Ayuntamiento "está en contra de cualquier derribo hasta el 2018; después, habrá que negociar con los propietarios". El consistorio ya ha aprobado, de manera unánime, una moción al respecto y, según anunció Górriz, la próxima semana se mantendrá una reunión con los afectados para informarles de la situación.

La alarma ante la posibilidad de que Medio Ambiente se acogiese a la cláusula que le permita recuperar el dominio público antes de que finalice la moratoria en el 2018 saltó a raíz de la respuesta del ministerio a un pregunta formulada por el senador popular Juan José Ortiz. En esta contestación escrita, el Gobierno anuncia que "se va a proceder al análisis de cada situación buscando soluciones compatibles con la estabilidad del litoral y la legislación".

SIN NOTIFICACIÓN Sin embargo, tal como incide el alcalde de Almenara, el socialista Vicent Gil, no existe por el momento ninguna notificación oficial del Gobierno respecto a su intención de recuperar el dominio público antes del 2018. Por este motivo, el consistorio aprobó esta semana en pleno solicitar información sobre la "veracidad" de estas informaciones, al tiempo que manifestó su oposición a derribar ninguna de las 97 casas afectadas en Almenara.

También en Xilxes, el consistorio se ha mostrado unánime en la protección de sus 93 viviendas. Según el alcalde, Vicente Lapuerta, "hemos pedido al Ministerio que recupere la costa". "Las casetas son de gente humilde, que no especula", añade el primer edil, para quien "habría que hacer un nuevo deslinde y desafectar las viviendas".

El caso de Cabanes es singular. Las 71 casas de Torre la Sal, en dominio público, no tienen concesión administrativa. "Confío en que no se tocarán", manifestó el alcalde, Artemio Siurana, quien anunció que tienen previsto presentar en el pleno una moción al respecto.

En el polo opuesto, Moncofa es el municipio con un mayor porcentaje de edificaciones con título habilitante. Del total de 60 casas afectadas, 31 son irregulares, aunque el alcalde, José Vicente Isach, ha manifestado ya su posición contraria a los derribos, matizando que será a partir del 2008 cuando se empiece a dar información al respecto a los propietarios, "para que sean sabedores de que sus casas se van a demoler en 10 años".