El Ayuntamiento de Burriana aprobará en el pleno de mañana una "urbatasa" con la que pretenden financiar los gastos que al Ayuntamiento le origina la tramitación de los Programas de Actuación Integrada (PAI). En realidad, no se trata de un nuevo impuesto, sino de nuevos supuestos sujetos a los ya existentes por prestar servicios urbanísticos. Sin embargo, sí será la primera tasa de estas características que se aprueba en la provincia.

La concejala de Hacienda, Ana Montagut, explicó que en base a estos supuestos, a partir de ahora cualquier urbanizador que presente un PAI en una unidad de ejecución contemplada en el PGOU pagará una tasa fija de 1.500 euros más 0,01 euros por cada m que tenga la urbanización. Si en cambio, se plantea en suelo no urbanizable e implica la recalificación de terrenos, la cuota fija será de 3.000 euros más 0,02 por cada m.

Esto significa que pagarán tanto los adjudicatarios como los competidores, ya que los funcionarios deben estudiar todas las alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas que se presenten desde un inicio.

Esta nueva situación puede provocar que aquellos que en ocasiones se han presentado a un PAI, con la intención de obstaculizar más que de competir, estudien mejor su plan de acción, pues en un proyecto como el de Santa Bárbara, solo por presentarse, el Ayuntamiento les cobrará 75.000 euros, que luego no recuperarán, sean o no adjudicatarios. El pago antes referido prevé desde la tramitación hasta la adjudicación. En el momento en que se abra el proceso de reparcelación se deberá afrontar otra tasa para seguir el trámite.

Si es voluntaria se pagará una tasa fija de 1.500 euros y 0,01 euros m, si es forzosa --como en el 99% de los casos--, la tasa fija será de 3.000 euros y 0,02 euros m. Solo con los PAI planteados y que aún no han presentado la reparcelación, el consistorio ingresará unos 375.000 euros.