El Ayuntamiento de Almassora podría llegar a tener que pagar una indemnización de hasta 17 millones de euros a un grupo de propietarios afectados por el Plan Especial de Reserva de Suelo de la avenida Generalitat. Se trata de una parte de los que recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo, que ratificó la nulidad del proceso en febrero del año pasado y que están representados por el letrado Fernando Gimeno, según dio a conocer ayer el portavoz del PSOE en Almassora, Santiago Agustí.

El concejal socialista explicó que estos presentaron este jueves un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que reclaman la ejecución de la sentencia del Supremo, con un criterio de valoración en el precio del suelo establecido en 1.100 euros. Cabe señalar que en 1997 los técnicos municipales fijaron el precio del terreno expropiado entre los 10,85 y los 11,42 euros el m, que la Junta Provincial fijó en 11,42 y 13,22.

Más tarde, el TSJCV estableció sentencias con precios que oscilaban entre los 18 y los 72 euros.

Agustí explicó que los urbanizadores del Supor-1, la zona residencial situada al otro lado de la avenida, han avalado el estudio. Así, a los 22.000 m de terreno que poseen estos propietarios, han descontado el 30% de cesiones, "15.400 m por 1.100 euros, lo supone que se deberán pagar 17 millones de euros".