El equipo de gobierno del PP de Burriana medita en estos momentos cambiar la calificación de uso terciario, que le ha dado a la antigua Papelera El Mijares en el concierto previo del PGOU, para pasar a residencial, al objeto de promover la construcción de viviendas de protección oficial --cuatro o cinco fincas en edificación abierta, con zona ajardinada y piscina común--. Además, en caso de pasar el AVE, se propondrían barreras acústicas.

El pago por el justiprecio de este edificio es ya inevitable y debe hacerse dentro de tres meses. En este presupuesto se acordó consignar 4.853.894 euros para hacer frente a la expropiación de los 20.482 metros calificados desde 1995 como no urbanizable para uso dotacional sanitario, dado que la intención era ofrecer ese suelo para construir el Hospital de La Plana.

Sin embargo, hay 16.000 m anejos, que también tienen esa misma calificación, de los cuales 8.000 son de Promotora Desarrollos Urbanísticos Ameg, SL, propietaria de la papelera, que también ha solicitado que se los expropien. El fallo del Tribunal de Expropiación se espera en dos o tres meses, por lo que de producirse una valoración idéntica a la de la papelera, como es de suponer, representará cerca de dos millones de euros más que el Ayuntamiento deberá pagar antes de que finalice el año. Así, en total estas instalaciones le habrán costado al municipio de Burriana 7 millones de euros, cifra que podría incrementarse si los dueños de los otros 8.000 metros que faltan también piden que se les expropie, o si prospera el recurso presentado por Ameg contra el fallo del Tribunal del Justiprecio, con el que discrepaban.

En el momento en el que se formalice el préstamo para pagarle a Ameg la localidad se habrá endeudado, casi hasta el máximo legal, sin que existan unas perspectivas claras de recuperar pronto ese dinero.

UN RIESGO Con la recesión actual, vender la Papelera para uso terciario es un riesgo. Puede que de inmediato, cuando el Ayuntamiento sea titular en mayo, aparezca una empresa privada que quiera promover allí área comercial o de ocio. Pero puede que pase tiempo sin que ocurra, teniendo que pagar el municipio amortizaciones e intereses, y perdiendo toda capacidad de maniobra financiera para otros proyectos, como remodelarlo, debido a la deuda. De optar por el uso residencial, opción que planteó la anterior corporación pero sin acuerdo en la volumetría, podría ocurrir que Ameg pidiera el derecho de reversión o que el consistorio vendiera el suelo para hacer VPO en pública subasta.