La Diputación de Castellón podría recuperar la gestión del castillo de Morella. Así se desprende tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha fallado a favor del recurso contencioso administrativo interpuesto por la administración provincial contra la resolución de la ministra de Cultura de junio del 2006, por la que se acordó el rescate de la concesión administrativa de uso de la fortaleza y la muralla de Morella.

En dicho dictamen se especifica que la cesión "se declara nula por defecto de procedimiento y se remitirá al Consejo de Estado el expediente de rescate de la concesión para que emita el preceptivo informe". Eso significa que, a la práctica, será el Consejo de Estado el que deba pronunciarse sobre la posible o no devolución de la administración del recinto fortificado. En este sentido se pronunció el presidente de la Diputación, Carlos Fabra: "Esta decisión demuestra fundamentalmente una cosa, que el Ministerio de Cultura no actuó correctamente cuando decidió quitar a la Diputación la gestión del monumento". Asimismo, Fabra remarcó que "ahora será el Consejo de Estado quien deberá tomar la decisión definitiva sobre este asunto, pero con el antecedente ya demostrado y declarado que la devolución de la concesión administrativa fue, como mínimo, incorrecta y contraria a derecho. Lo cual ya dice mucho".

En la resolución de la Audiencia Nacional también se especifica que contra el fallo cabe la posibilidad de presentar un recurso de casación en 10 días.

ANTECEDENTES El Ministerio de Cultura inició las gestiones para cambiar de manos la fortificación de la capital de Els Ports, según la sentencia, "ante el preocupante estado de conservación de algunas partes del castillo y la necesidad de consolidar y restaurar alguno de sus elementos para evitar la degradación del mismo". Finalmente, la administración provincial perdió la gestión el 30 de junio del 2006 y el traspaso de poderes se llevó a cabo de forma oficial el 24 de enero del 2007. Desde entonces, el Gobierno central se ha encargado de forma indirecta, ya que firmó un convenio con el consistorio por el que cedía la concesión del patrimonio municipal.