La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha ratificado la condena a seis meses de prisión para una anciana por construir en la Marjal de Nules. El tribunal desestima la apelación de María Alagarda, de 78 años, a la sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal número 2 de Castellón en abril del 2011, en la que se condenaba a la acusada a medio año de cárcel, a una multa de ocho euros al día durante 12 meses y al derribo del inmueble.

Este se edificó durante el 2006, en una parcela de la partida Andara Gavara, cuatro años después de la aprobación del catálogo de zonas húmedas de la Comunitat, donde se incluía la Marjaleria, a la que se le considera un espacio a proteger. Según la resolución, Alagarda “no solicitó previamente licencia al Ayuntamiento, sin que en ningún caso pudiera concederse ni legalizarse por estar incluida esa parcela dentro del suelo no urbanizable” y estar sujeta “a una especial protección”.

Alagarda afirmó ayer a Mediterráneo que ve “injusta” la sentencia porque “nunca nadie me dijo que no se podía construir allí”. Incluso recordó que durante el juicio “se mostraron fotos de los cimientos y nadie hizo nada por parar la obra y, hasta que no la acabé, no me denunciaron”.

María acude con su hermana a la caseta para pasar las tardes “para tener un vejez mejor”, pero “me está causando muchos problemas”. Además, lamentó que “justo vayan a por mí, cuando hay muchas más casas aquí”.

La acusada negó en el juicio tener conocimiento de la prohibición y su defensa alegó que carecía “de datos objetivos que presupongan que sabía de la ilegalidad en su actuar”. Para ello, aportó un recorte de prensa “en el que se hacía mención de la existencia de un gran número de viviendas y la posibilidad de legalizarse por parte del consistorio”.

REACCIÓN MUNICIPAL // Sobre la orden de demolición y la condena, el alcalde de la localidad, Mario García, asegura que “desde el Ayuntamiento no vamos a valorar una sentencia judicial, porque entendemos que los vecinos que han elegido esta vía para defender sus propiedades saben a lo que se exponen y, en este caso, no cabe la mediación política”.

A su vez, entiende que esta resolución, que considera “contundente”, no afecta en absoluto al proceso iniciado por la Conselleria de Medio Ambiente, “ya que el objetivo del plan especial no es el de legalizar viviendas, sino regularizar la situación en una zona donde no solo hay casas, sino también numerosas plantaciones de cítricos”. “Estas se ven afectadas por las exigencias de protección del Consell”, dijo.