Una veintena de testigos estaba citada ayer en el Juzgado de lo Penal número 3 de Castellón en la vista contra un matrimonio que construyó una cuadra de caballos, presuntamente, de manera ilegal en suelo no urbanizable y de uso común en Borriol; y contra el alcalde, Adelino Santamaría, por no hacer cumplir un decreto para el derribo de la caseta que él mismo firmó en agosto del 2005. Por ello, la Fiscalía y la acusación particular piden para el munícipe ocho años de inhabilitación y cinco de prisión por prevaricación y coacciones al vecino que los denunció.

En su declaración, Santamaría se escudó en los técnicos municipales de Urbanismo. “No conozco los pormenores exactos de por qué no se cumplió la orden de desmantelar la edificación, ya que yo suscribo los expedientes que elaboran los funcionarios del consistorio, que son los más cualificados para hacer los informes previos a los decretos”, indicó. En cuanto a si conocía al demandante, Emilio Valls, el munícipe especificó que no había hablado con este desde el año 1999 y que no conocía tampoco sus quejas.

Asimismo, el primer edil borriolense manifestó que se sentía “tranquilo” y con la seguridad de que cree en la justicia, y expuso que no cometió ningún delito.

Por su parte, el técnico responsable de tramitar el expediente, que fue llamado como testigo, explicó que “se puede decir que el expediente del derribo de la cuadra todavía está en trámite, aunque el asunto va más lento de lo normal”, y añadió que “la persona responsable de ordenar que se tire una construcción es el abogado del Ayuntamiento, que nunca dio la orden preceptiva”.

Sin embargo, a preguntas de la abogada de la acusación particular, Silvia Vicente, el propietario de la finca denunciada detalló que “los técnicos dijeron de palabra que no hacía falta ninguna licencia de obras al ser una construcción móvil” y que este comentó con Santamaría, en varias ocasiones, que el denunciante “estaba loco por denunciarles cuando este tampoco tiene su vivienda de veraneo legalizada”.

Una situación que, tras un informe de la Policía Local, ha desembocado en un expediente por construir en suelo no urbanizable, en este caso al vecino que denunció a los imputados.

Además del denunciante, estaban llamados amigos de los demandados, miembros de la Guardia Civil y la Policía Local, técnicos y peritos de las dos partes, entre otros. Cabe recordar que la sesión de ayer se suspendió hace tres meses por un error judicial y que el alcalde se enfrentó en abril a otro juicio por malversación por pagar con fondos municipales las costas de un pleito civil, en el que resultó declarado inocente. H