El Ayuntamiento de Burriana y la empresa promotora del PAI Sant Gregori Golf retomaron ayer las conversaciones tras un paréntesis motivado, en cierta manera, por todos los acontecimientos que viene sufriendo Bankia y la nacionalización de una de sus filiales con acciones en esta actuación, BFA, que es la propietaria del 69% de los terrenos. Los responsables de la urbanizadora transmitieron “tranquilidad y confianza” a la hora de seguir adelante con el proyecto.

A la reunión asistieron el alcalde de la ciudad, José Ramón Calpe, y el edil de Urbanismo, Juan Granell. Y por parte de la urbanizadora estuvieron Antonio Viedma, Miguel Ángel Bodí y el representante físico de Bancaja-Hábitat, José Ramón Iranzo.

Ambas partes acordaron presentar un nuevo programa de actuaciones para acometer la urbanización de los 2,5 millones de m2. El principal hecho diferencial con respecto al programa previsto en un principio estriba en que se amplía el plazo para su desarrollo de los tres años iniciales a entre cinco y seis. A ello se suma que la intervención no se acometerá de una sola vez, sino que se llevará a cabo por fases, para lo cual se presentará un nuevo calendario.

Calpe señaló que el objetivo que se persigue con estos cambios es “cumplir con el plan y los plazos, pero sin ahogar a los interesados, de manera que se ampliará el periodo de ejecución, con la finalidad de que no se tengan que realizar grandes desembolsos económicos y a ver si en dos o tres años mejora la situación”. Se intenta, pues, retrasar los pagos de las diferentes cuotas de urbanización y, de este modo, evitar que algunos de los propietarios se vean en apuros económicos a tenor del momento de crisis.

El largo proceso de tramitación del PAI ha dado lugar a la ocupación ilegal de muchas de las alquerías diseminadas por los huertos incluidos en la actuación. Y para atajar el problema, el consistorio quiere promover el derribo de las viviendas que se encuentran en suelo municipal o propiedad de la urbanizadora.

Estas labores se incluirán en la fase previa del programa que tiene que aportar la empresa en las dos próximas semanas, motivo por el que será la primera actuación a acometer. “Exigiremos que se lleve a cabo”, asevera Calpe.

Los primeros derribos serán los de las casas que se encuentran en futuros viales y suelos dotacionales, pero el Ayuntamiento se comprometió a realizar un estudio de todas las alquerías existentes y se derribarán todas aquellas en las que el propietario ya ha recibido la pertinente compensación por el inmueble, de modo que se entiende que ya no tiene ningún derecho sobre el mismo. Algo más complicada es la situación de las que estén habitadas, ya que en ese caso habrá que acudir a una orden judicial para realizar primero el desahucio para, posteriormente, ejecutar el derribo.